El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió concretar los embargos de 70 inmuebles, más de 1.200 autos, cuatro barcos y maquinaria, parte del patrimonio del empresario Cristóbal López y de su ex socio, Fabián De Sousa, así como del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en el marco de la causa por la evasión al fisco por un total de 8 mil millones de pesos.

Fuentes judiciales informaron que el embargo de los 70 inmuebles, 1.266 vehículos y maquinarias, así como de cuatro embarcaciones y cinco aviones, que están a nombre de los empresarios y de Echegaray, fue solicitado al juez federal Julián Ercolini.

El pedido se efectuó en el marco de la causa en la que los tres están procesados por la evasión de 8 mil millones de pesos de la empresa Oil Combustible y tienen un embargo por 17.042.509.692 de pesos.

Según el dictamen, el objetivo de la medida es asegurar los bienes ante un eventual decomiso que pueda realizarse en el caso, mientras los empresarios están con prisión preventiva ante la presunción de fuga o entorpecimiento de la investigación.

“El objeto de evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspire contra la garantía patrimonial que con su cautela se pretende salvaguardar, habré de solicitar que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables de titularidad de los procesados Echegaray, López y De Sousa, y también de los bienes muebles registrables de tipo suntuoso de las empresas de los dos últimos”, explicó el fiscal en el escrito.

En tanto, la Cámara Federal tiene previsto resolver si confirmar los procesamientos en la causa dispuestos en primera instancia.

En tanto, el proceso para la venta del suspendido banco Finansur, propiedad del empresario Cristóbal López, avanzó luego de la decisión de la AFIP de aceptar que se levante la inhibitoria que pesa sobre la entidad, lo cual habilita que algún interesado la compre y evitaría el desguace.

El plazo para vender el Finansur vence el 9 de marzo próximo, ya que hasta ese día el Banco Central prorrogó la suspensión del banco y si no aparece un comprador se procederá a la liquidación.

Según la normativa vigente sólo puede estar suspendida por un plazo máximo de 120 días. La entidad pertenece en un 70,5% al Grupo Indalo, de Cristóbal López, quien actualmente se encuentra detenido, procesado por defraudación al Estado.