Ayer empezó a cobrar fuerza en el Senado la opción de admitir modificaciones al texto de la Ley de Intrerrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como la única forma de vencer al rechazo, que lleva una leve ventaja en la cámara alta.

Los celestes suman por ahora 30 votos contra 27 verdes. Pero los verdes crecen a 32 si se suman los cinco senadores que apoyan la legalización con cambios al proyecto.

Los reformistas son los tres cordobeses, Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado, de Cambiemos, y Carlos Caserio, del PJ, a quienes se suman el chaqueño Eduardo Agular, también del PJ, y el neuquino Guillermo Pereyra, del MPN.

La definición, sin embargo, estará en los ocho senadores que aún no han fijado postura: el radical pampeano Juan Carlos Marino; el justicialista tucumano José Alperovich; los justicialistas santafesinos Omar Perotti y Carlos Reutemann; el justicialista salteño Juan Carlos Romero; el radical chaqueño Ángel Rozas; la radical santacruceña María Belén Tapia, y la justicialista catamarqueña Inés Blas.

En total son 72 senadores pero a la hora de contar votos deberían tenerse en cuenta solamente 70, porque la neuquina Lucila Crexell (MPN) ya anunció que se abstendrá y la sanluiseña María Eugenia Catalfamo casi con seguridad no asistirá porque está cursando el octavo mes de embarazo.

De los ocho indefinidos, los verdes deberán juntar cuatro votos más para sacar la ley, porque si la votación termina empatada en 35 votos definirá la vicepresidenta, Gabriela Michetti, una ferviente antiabortista.

Negociaciones
El próximo miércoles se firmarán los dictámenes y se sabrá entonces qué proyectos serán sometidos a votación el 8 de agosto.

“Queremos que salga la ley y no perder todos los avances conseguidos. Hay que negociar modificaciones, y también con los diputados”, dijo una senadora verde.

Una diputada verde, que está al tanto de las negociaciones, sostuvo: “Solo frente al abismo podemos aceptar los cambios, y si es que los acordamos. Si no, vamos a seguir peleando por la media sanción tal como está”.

Los antiabortistas tampoco la tienen fácil: para voltear la ley deben lograr el rechazo llano. De lo contrario, todo lo que se apruebe deberá deberá volver a Diputados, lo que significa que sí habrá ley: una vez que el Senado devuelve con cambios un proyecto, la otra cámara sólo puede convalidarlo o insistir en la redacción original.