Con menos peso específico que el ministro Jorge Triaca para soportar una ola de pedidos de dimisión al cargo, el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, renunció esta tarde, luego de que se conoció que fue directivo y accionista de una empresa que tenía un depósito de 1,2 millón de dólares en Andorra, paraíso fiscal, información que omitió consignar en su declaración jurada de bienes.
A tres días de que el diario El País de España publicara que el funcionario de Cambiemos figuró ante la Banca Privada d’Andorra (BPA) como representante de la empresa y accionista, Díaz Gilligan presentó la renuncia «indeclinable al cargo», dirigida a su superior inmediato y padrino político, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.
Díaz Gilligan no sobrevivió a la fuerte presión política que se desató a favor de su alejamiento del cargo por figurar como propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra.
El presidente Mauricio Macri recibió hoy varios reclamos de sus aliados para suspender transitoriamente al subsecretario general de la Presidencia. El diputado nacional del radicalismo Mario Negri pidió la “separación del cargo” del joven funcionario para que aclare su situación en la Justicia. “No es condena. La “vara” sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos”, aseguró en redes sociales.
Los “lilitos” Fernando Sánchez y Paula Oliveto se pronunciaron en un sentido similar. Sánchez, integrante de la Jefatura de Gabinete, dijo que en una situación similar hubiera pedido licencia y analizó que “si se comprueba que hubo evasión de impuestos, sería un problema muy serio”.
La legisladora fue más allá: “Yo hubiera renunciado para ayudar al Presidente», dijo, mientras que el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade presentó una denuncia contra Díaz Gilligan, por “lavado de activos y omisión maliciosa”, que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.
Antecedentes
Se trata del primer funcionario del Gabinete Nacional que deja su cargo envuelto en cuestionamientos sobre actividades presuntamente ilegales. El ahora exsubsecretario tiene abierto un pedido de informes en la Oficina Anticorrupción y durante esta jornada se presentó una denuncia penal que cayó en el juzgado de Bonadío.
El caso Díaz Gilligan se produjo a poco de acontecido otros episodio que causó un fuerte impacto político al interior del gabinete nacional, y que estuvo protagonizado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a quien se lo mantuvo en el cargo pese al caso «Sandra Heredia», la multiempleada familiar contratada de manera irregular y despedida mediante insultos.
Otro caso muy similar al del joven Díaz Gilligan es el del ministro de Finanzas, Luis Caputo, denunciado por haber manejado dos fondos de inversión en Islas Caimán, como reveló la investigación de los Paradise Papers. El funcionario fue acusado de los presuntos delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos.