El gobierno nacional, a través del Ministerio de Producción y Trabajo, creó una Comisión de Diálogo Social para el Futuro del Trabajo, a la que convocó a sindicatos y asociaciones empresarias.
La medida establece que el objetivo de la Comisión es el de funcionar como una instancia nacional de acercamiento entre los actores sociales y el Gobierno Nacional, para el adecuado cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ratificados por la Argentina, “en el marco de un diálogo propositivo para el mejoramiento de los estándares laborales de nuestro país”.
La misma estará conformada por representantes del Ministerio que encabeza Dante Sica, de la Confederación General del Trabajo (CGT), Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA Autónoma), Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores).
La intención del gobierno es que esta comisión debata «el impacto en
el mundo del trabajo, de la nueva economía, el avance tecnológico
y sus efectos en el empleo y en la regulación del trabajo»
También participarán las siguientes organizaciones del sector empresario: Unión Industrial Argentina (UIA), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Asociación Empresaria Argentina (AEA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).
En este contexto, las reuniones serán convocadas por la Dirección de Asuntos Internacionales dependiente de la Unidad de Coordinación General y coordinadas por un invitado permanente de la O.I.T. Las funciones de esta Comisión serán debatir el impacto en el mundo del trabajo, de la nueva economía, el avance tecnológico y sus efectos en el empleo y en la regulación del trabajo, a fin de asegurar una transición justa, como así también intermediar con los actores sociales para el mejor cumplimiento de los convenios de la O.I.T. ratificados por el país.
Además, deberán analizar problemáticas laborales actuales a los fines de proponer actualizaciones a la normativa nacional en el marco de los convenios establecidos; desarrollar una dinámica efectiva para garantizar el otorgamiento de las prestaciones que exige la observancia de las normas internacionales del trabajo y asegurar y promover la plena vigencia de los principios pregonados por la O.I.T.
También estará dentro de su órbita el proponer programas y planes de política pública laboral en el marco de los valores que impulsa la O.I.T., asegurando la plena vigencia de los principios de Justicia Social; impulsar modificaciones normativas; incentivar cursos de y promover la priorización del diálogo social como mecanismo natural de solución de conflictos.
En este sentido, desde el Ministerio de Producción y Trabajo manifiestan que «en el marco de las transformaciones que se verifican en el mundo del trabajo, donde se destacan el progreso tecnológico, la evolución de los métodos de producción y las nuevas formas de trabajo, la O.I.T. ha logrado consenso internacional sobre la necesidad de adaptar el contrato social a las nuevas realidades económicas, sociales y culturales».