El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial el decreto de designación por cinco años de Ana María Figueroa como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal y quedó así abierto un virtual conflicto de poderes sobre su situación.
Según el Decreto 502/23, Figueroa fue designada “por el término de cinco años a partir del 9 de agosto de 2023”, la fecha en que cumplió 75 años de edad y a partir de la cual la Corte Suprema la cesó en su cargo.
El decreto –firmado por el presidente, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y el ministro de Justicia, Martín Soria– habilita a Figueroa para que hoy mismo se presente a tomar posesión en el cargo.
Así, coexistirán la designación (previo acuerdo del Senado) como acto administrativo del Poder Ejecutivo y la cesantía, dispuesta por la Corte en su calidad de “superintendencia” del Poder Judicial.
Todo indica que la designación de Figueroa se judicializará y terminará llegando a la Corte Suprema; la incógnita es qué ocurrirá en el ínterin, si podrá o no ejercer el cargo para el que fue revalidada por los próximos cinco años.
El gobierno también publicó los decretos de designación de camarista federal de Tucumán de Fernando Luis Rodolfo Poviña y jueza federal de primera instancia de Jujuy de Carina Inés Gregoraschuk.
Al mismo tiempo, también fueron designados los defensores oficiales Alfonsina Bava, ante el juzgado federal de Hurlingham, y José Nicolás Celestino Chumbita, ante el de La Rioja.