A 11 días de terminar su mandato, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, un organismo autárquico que no dependerá directamente de las autoridades designadas por el presidente entrante en el ministerio de Justicia, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, eleva el rango del antiguo Programa de Protección a Testigos, que será presidida por un director nacional propuesto por el Ministerio de Justicia y elegido por el Poder Ejecutivo Nacional.
Para leer y analizar👉 Se crea la Agencia Nacional de protección a testigos e imputados
👇https://t.co/MKobiNO7eA— Vanesa Petrillo (@Vanepetrillo) November 29, 2019
Además, contará con un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, un representante de la Procuración General de la Nación y a un integrante del Ministerio de Seguridad.
«Se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente», apunta el decreto en sus considerandos.
El documento fue firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Oscar Aguad (Defensa), Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social), Guillermo Dietrich (Transporte), Alejandro Finocchiaro (Educación), Dante Sica (Producción y Trabajo) y Hernán Lacunza (Hacienda); el secretario Luis Miguel Etchevehere (Agricultura, Ganadería y Pesca), y el canciller, Jorge Faurie.
El objetivo de la Agencia será garantizar la seguridad de quienes colaboren “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”.
Entre otras responsabilidades, el nuevo ente deberá ordenar y hacer cumplir ciertas «medidas especiales de protección», las cuales podrán incluir desde la custodia personal hasta el cambio de domicilio y la entrega de una identidad falsa para los sujetos que ayuden en determinadas investigaciones.
El Programa de Protección a Testigos e Imputados había tomado notoriedad en los últimos años por estar ligado a casos de corrupción como Ciccone o la causa de los cuadernos. Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Víctor Manzanares fueron algunos de los involucrados. En total, hay unas 200 personas bajo protección del Estado.