Con el objetivo de reducir entre un 10% y un 20% las expensas que pagan los porteños, el Gobierno de la Ciudad prepara un proyecto de ley que incluye cambios en las normativas de los edificios, como dejar de darles vivienda a los encargados y achicar los chequeos de ascensores y tanques.

Uno de los puntos de esta iniciativa establece que ya no será obligatoria construir una vivienda para los encargados. Con el nuevo plan se busca eliminar ese requisito del Código de Edificación porteño, para que los vecinos no tengan que pagarles los servicios a los encargados.

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Otro ahorro propuesto se refiere al mantenimiento de los tanques: hoy es obligatorio limpiarlos cada seis meses en todos los inmuebles con más de una vivienda. Los tanques deben ser vaciados e higienizados para luego ser llenados y analizados.

Según publica el diario Clarín en su edición dominical, los edificios deben abonar por año más de $ 13.000. La iniciativa oficial propone hacer un estudio de laboratorio con una muestra del agua y, sólo en caso de que este informe sea negativo, hacer la limpieza. Además, se plantea modificar la frecuencia del análisis de semestral a anual.

Los ascensores también tendrán menos controles: en lugar de que todos se controlen con la misma frecuencia, se intensificará la inspección en los más viejos y usados, y se la espaciará en los más nuevos.

En la actualidad, los controles se realizan una vez al mes, independientemente de su antigüedad, lo que insume unos $ 25.000 pesos por ascensor en promedio. Lo mismo ocurriría con las calderas, que hoy deben examinarse cada tres meses. El proyecto prevé en cambio hacerlo según su antigüedad y tecnología.

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Los administradores también saldrían beneficiados con este plan, al ahorrarse pasos burocráticos y algo más. “Cuando tienen que pasar un gasto a los vecinos, muchas veces tienen que enfrentarse a reacciones negativas, así que esto les viene muy bien”, explica el secretario de Atención y Gestión Ciudadana del Gobierno porteño, Facundo Carrillo, que tiene a su cargo el Registro Público de Administradores de Consorcios.

Otro paso que el Gobierno porteño busca eliminar es el certificado “Edificio seguro”. Hoy es obligatorio pagarlo, aunque no sea más que un compendio de todas las condiciones de seguridad del inmueble que ya fueron aprobadas en cada rubro: ascensores, calderas, tanques, desratización y desinsectación, y matafuegos.

Otra ley que debería modificarse con este plan es la 257, de control de fachadas. La propuesta oficial es eximir de este informe público a las viviendas unifamiliares que no tengan salientes y a los espacios comunes a propietarios, como los patios internos y las terrazas, que seguirán siendo inspeccionados por el consorcio pero sin necesidad de presentar un certificado ante el Estado.