Maximiliano Pilepich, uno de los siete detenidos por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, responsabilizó a su amigo Nahuel Vargas de haber sido el autor material del asesinato y reconoció que el episodio ocurrió en el emprendimiento inmobiliario Renacer de General Rodríguez, informaron este lunes fuentes judiciales.
En tanto, el fiscal Marcelo Domínguez solicitó este lunes ante el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, que sean procesados con prisión preventiva los siete detenidos en la causa que investiga el crimen de Pérez Algaba, entre ellos Pilepich y Vargas, quienes se acusaron entre sí de haber sido los autores del crimen.
En su primera declaración ante el fiscal Marcelo Domínguez, Pilepich aseguró que el 18 de julio pasado, cuando se hallaban en una de las oficinas de Renacer observó a Vargas “desencajado con una pistola en la mano” y que le dijo “este hijo de puta no daba para más”, en referencia a “Lechuga” Pérez Algaba, a quien vio tirado en el piso ya fallecido.
El fiscal Marcelo Domínguez solicitó este lunes ante el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, que sean procesados con prisión preventiva los siete detenidos en la causa que investiga el crimen de Pérez Algaba, entre ellos Pilepich y Vargas.
Pilepich utilizó un vocabulario parecido al que usó Vargas para involucrarlo en el crimen y hasta mencionó las mismas palabras.
Es que Vargas, en su indagatoria del 18 de agosto pasado, Vargas había acusado de manera directa a Pilepich de haber asesinado por la espalda a la víctima y que, tras el crimen, el homicida le había dicho «Ya está, no aguantaba más, hay límites», en referencia a las exigencias de una deuda por parte de Pérez Algaba de unos 150.000 dólares y que lo extorsionaba.
Esta mañana, Pilepich fue trasladado desde la cárcel de Melchor Romero ante el fiscal Domínguez para ser indagado, en la que aseguró que «no tenía ninguna deuda económica con Pérez Algaba» y que el crimen lo cometió Vargas por celos, ya que -según le contó éste- la víctima le dijo que mantenía relaciones sexuales con una expareja suya y hasta le mostró una foto en su teléfono celular.
«Fernando estaba cambiando unas lamparitas y (Vargas) le pegó dos o tres tiros, no sé dónde se los pegó. Dijo que se le había nublado la vista y le disparó», aseguró el empresario de la construcción.
Respecto al arma utilizada en el crimen, Pilepich -asesorado por su abogado defensor Enrique Tronceda- dijo que esa pistola calibre 9 milímetros estaba en poder de Pérez Algaba y que Vargas se la arrebató de la cintura mientras cambiaba las lamparitas. El imputado agregó que «cuando recibió los disparos, Fernando saltó y atravesó una ventana y quedó tirado a unos metros de la casa».
Tras ello, Vargas lo tapó “con una chapa o una puerta”, según dijo Pilepich, quien sostuvo que “se arrodilló en el pasto y se agarró la cabeza” ya que “no entendía lo que había pasado”.
Luego, Pilepich mencionó que cuando Vargas le preguntó qué iban a hacer con el cuerpo de Pérez Algaba, éste recordó que Luis Contrera, alias «Chicho» (también detenido por el caso), a quien conocía de haberle comprado repuestos de vehículos, le dijo “si alguna vez te pasa algo, tenés que hacer desaparecer a alguien, contá conmigo», por lo que decidieron llevar los restos hasta Ingeniero Budge.
Una vez allí, Pilepich sostuvo que Contrera “se encargaría de Fernando, del (Volkswagen) Polo –con el que trasladaron el cuerpo- y de la pistola” utilizada para matar al empresario, y a cambio de ello le pagarían 500 mil pesos.
Por el crimen de Pérez Algaba también están detenidos Luis Alberto Contreras, Horacio Mariano Córdoba, comisario mayor de la Policía de la Ciudad; la gestora Flavia Lorena Bomrad; y dos amigos y empleados de Pilepich, Fernando Gastón Carrizo y Matías Ezequiel Gil.
Además, Pilepich rechazó la hipótesis de que la oficina en la que ocurrió el homicidio fue derrumbada para borrar los rastros del hecho y afirmó que la demolición estaba «haciéndose desde antes, porque entraba gente a las construcciones que ya existían y robaba cables, lámparas y demás objetos».
El fiscal Domínguez estableció en su investigación que Pilepich citó a Pérez Algaba para encontrarse en el predio Renacer de General Rodríguez el 18 de julio pasado por la tarde, y hasta allí concurrió la víctima junto a Vargas en una camioneta Range Rover Evoque blanca.
Según la pesquisa, «Lechuga» iba a cobrar una deuda de 50 mil dólares que mantenía con Pilepich, quien llegó al lugar a bordo de una camioneta Mercedes Benz G500.
Para los investigadores, tras el crimen, los homicidas demolieron la construcción donde se cometió, por lo que el fiscal Domínguez dispuso un rastrillaje en el cual se incautó una hoja de sierra tipo amoladora dentada, tres guantes de nitrilo, un clavo con manchas hemáticas y otras cinco muestras similares en un pedazo de escombro, que presuntamente pertenecía a un piso.
En tanto, fueron excarceladas Alma Nicol Chamorro, hermana de Contrera y primera detenida en la causa; y Gladys Cristaldo, la mujer dueña de la casa donde fue hallado Pilepich tras permanecer varios días prófugo.
Esta tarde, el fiscal Domínguez solicitó que los siete detenidos sean procesados por el delito de «homicidio cuádruplemente agravado por el uso de arma, alevosía, codicia y el concurso premeditado de dos o más personas», en perjuicio de «Lechuga», el cual prevé en un futuro juicio oral la pena de prisión perpetua.
Respecto a Vargas, Pilepich, Bomrad y Contrera, el fiscal pidió que también sean procesados por «falso testimonio».
En el escrito de 66 páginas, al que tuvo acceso Télam, Domínguez solicitó la inhibición general de sus bienes y que continúen alojados en unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio pasado hasta el predio Renacer de General Rodríguez a encontrarse con él.
La desaparición del «Lechuga» fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.
La desaparición del «Lechuga» fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.
Mientras que los restos descuartizados fueron encontrados entre el 22 y el 24 de julio en un arroyo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.
Para el fiscal, hubo un «plan criminal» con «división de tareas»
El fiscal que investiga el homicidio del empresario Fernando Pérez Algaba, cuyos restos fueron hallados dentro de una valija en un arroyo de Ingeniero Budge, consideró que los siete detenidos por el caso llevaron a cabo un «plan criminal» en el que los imputados «actuaron de manera premeditada» con una «previa división de tareas».
En su pedido de prisión preventiva de 66 fojas, al que tuvo acceso Télam, el titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, consideró que el crimen fue por «codicia» y estuvo relacionado a una deuda que mantenía el detenido Maximiliano Pilepich, un empresario de la construcción que hoy declaró por primera vez como imputado en el marco del expediente.
El fiscal pidió la prisión preventiva para Pilepich; Nahuel Vargas; Luis Alberto Contrera; el comisario mayor de la Policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba; la gestora Flavia Lorena Bomrad; y dos amigos y empleados de Pilepich, Fernando Gastón Carrizo y Matías Ezequiel Gil.
A todos ellos los acusó del delito de «homicidio cuádruplemente agravado por el uso de arma, alevosía, codicia y el concurso premeditado de dos o más personas», en perjuicio de «Lechuga» Pérez Algaba, el cual prevé en un futuro juicio oral la pena de prisión perpetua.
Respecto a Vargas, Pilepich, Bomrad y Contrera, el fiscal pidió que también sean procesados por «falso testimonio».
En su escrito, Domínguez consideró que «habiendo actuado de manera premeditada entre sí y con una previa división de tareas y mediante la utilización de armas de fuego, provocaron dos lesiones en la parte posterior del torso de Fernando Pérez Algaba, que posteriormente ocasionaron su fallecimiento».
«Habiendo actuado en consecuencia con la correspondiente alevosía, valiéndose en tal sentido del estado de indefensión en el que se encontraba la víctima al habérsele disparado por la espalda y por codicia, al reportarles el citado homicidio un rédito económico ilegítimo ya que algunos de los antes nombrados se vieron exceptuados del pago de una deuda con la víctima». agrega.
El fiscal que investiga el homicidio consideró que los siete detenidos por el caso “actuaron de manera premeditada” con una “previa división de tareas”. En su pedido de prisión preventiva de 66 fojas, Domínguez consideró que hubo “un plan criminal” y “embalaron” el cuerpo de la víctima.
Al relatar la materialidad ilícita, el fiscal explicó que los acusados llevaron a cabo «un plan criminal» y «embalaron» el cuerpo de la víctima.
«Lo colocaron en una valija de color roja con vivos negros de marca Brandy, en una mochila de color negra con inscripciones del Municipio de Lomas de Zamora y en un envoltorio confeccionado con bolsas de nylon negra, tipo consorcio», tras lo cual «lo arrojaron en el Arroyo del Rey», señaló.
«A criterio de esta parte toda las acciones que culminaron con el fallecido en el Arroyo del Rey y de la manera en que fue encontrado, fueron planificados previamente y ejecutados en consecuencia posteriormente», agregó el fiscal.
“Está claro conforme a la valoración de la prueba que varias personas participaron en el homicidio de Pérez Algaba y su posterior seccionamiento e intento de desaparición del cuerpo, como así también que los disparos que recibió y que provocaron su fallecimiento fueron efectuados por la espalda y a una distancia no muy próxima, superior a los cincuenta centímetros”, sentenció.