La fiscal platense Betina Lacki solicitó la prisión preventiva para el ex juez de Garantías, César Melazo, quien está acusado de liderar una asociación ilícita compuesta por ladrones, policías y lobistas que operó en La Plata con presunta protección judicial.
El pedido de prisión preventiva, que recayó además en el ex líder de la barra de Estudiantes, Rubén «El Tucumano» Herrera, y el presunto lobbista judicial Enrique «Quique» Petrullo, fue presentado por Lacki, convencida de que actuaban «en un marco de impunidad rayano con lo inverosímil». Si se confirma la prisión preventiva, llegarán al juicio oral tras las rejas.
Ahora será la jueza Florencia Butiérrez la que resolverá en no más de cinco días si avala este planteo, como ya lo hizo con diez de los primeros once detenidos que tuvo la causa, el 24 de julio: el ex comisario Gustavo Bursztyn; el ex policía Gustavo Mena; Javier Ronco (imputado también por un doble homicidio); Ángel «Pipi» Yalet; Adrián «Quichua» Manes (acusado, entre otras cosas, de matar a Juan Farías); Carlos Bertoni (hermano del ex futbolista Daniel Bertoni); Carlos «Macha» Barroso Luna; Héctor «Pepe» Vega; Martín Ezequiel «Gaucho» Fernández y Jorge «El Fiscal» Gómez de Saravia. El único que salió libre fue el policía Marcos Chiusaroli.
Melazo está imputado por asociación ilícita (presumen que es el jefe, junto con Bursztyn), mientras que a Herrera lo procesaron por este delito y el de tráfico de influencias (le adjudican haberle conseguido a Ronco la domiciliaria con pulsera electrónica) y a Petrullo sólo por tráfico de influencias. La misma sospecha recae en el suspendido juez de Casación Martín Ordoqui, resguardado, por ahora, por sus fueros. Es que mañana el Senado bonaerense sorteará a los cinco legisladores titulares y los tres suplentes que integrarán el jurado de enjuiciamiento, mientras que la Suprema Corte elegirá a otros cinco conjueces.
En este mes que pasó desde la captura de Melazo en su increíble mansión de Gorina, otras cosas sucedieron en sintonía con este escándalo, como la detención del ex fiscal Tomás Moran en su (también lujosa) quinta de Parque Sicardi, aunque por un expediente a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y el juez Pablo Raele.
El ex funcionario está imputado de “concusión (pedir dinero para mejorar la situación de un imputado), encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Esta causa tiene puntos de contacto con la de la megabanda, ya que Ronco denunció que Moran le había exigido 30 mil dólares para mejorar su situación en la investigación por el doble homicidio que lo tenía como imputado y por el que estuvo con domiciliaria hasta que cayó preso, a pedido de Lacki.