A través de un informe, el juez federal Claudio Bonadio aseguró que durante «ocho años» funcionó «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández)». El escrito publicado en la página oficial del Poder Judicial, relata, además, algunos de los puntos de lo realizado en el marco de la causa denominada «cuadernos de la corrupción«.

El texto relata que la causa se inició gracias a «anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno –chofer de Julio Miguel De Vido y de Roberto Baratta–, todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional».

Bonadio indica que los «verdaderos beneficiarios
de la maniobra ilícita» 
eran «Néstor Carlos Kirchner,
Cristina Elisabet Fernández 
y Julio Miguel De Vido».

En ese sentido, el informe asegura que, luego de varias medidas de prueba dictadas por la Justicia, «se obtuvieron indicios que ‘prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años  cuanto menos–, Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (Secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gomez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de la firma «Energía Argentina S.A. –»ENARSA»–), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno«.

Asimismo, relata que «a partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (Secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido«.

Además, enumera los elementos secuestrados en los diferentes allanamientos que se realizaron en el marco de la investigación, entre los que detalla más de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados valuadas en aproximadamente 37 millones de pesos y $ 4.500.000; dinero en efectivo por más de 6.350.000 pesos, más de 1.245.000 dólares, más de 235.000 euros y pesos chilenos, uruguayos y reales. Incluso, afirma que obtuvieron nueve armas de fuego, celulares y varios autos de diferentes marcas y modelos, «muchos de ellos de alta gama».

En tanto, explica que, hasta el día de la fecha, la investigación cuenta con 32 cuerpos de actuaciones, se practicaron 70 allanamientos (36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza), «habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación».

Para finalizar, asegura que tomaron un total 52 declaraciones indagatorias, consiguieron «la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsitiendo 2 personas con orden de captura», es decir Oscar Thomas y Hernán del Río; al tiempo que resaltan que de los acusados 17 declararon en calidad de arrepentidos, de los cuales 15 fueron homologados en forma positiva.