Tras el duro golpe que recibió el oficialismo en el Congreso en relación a la ley de Bases, el Gobierno de Javier Milei no tardó en responder. Primero con un recorte a los subsidios al transporte, y luego confirmando que en enero redujo 98% las transferencias discrecionales a las provincias y que eso seguirá en febrero, lo que significa un duro futuro para los gobernadores.

En ese sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró que si todos los argentinos “están haciendo un esfuerzo” en materia económica, “también lo tienen que hacer los gobernadores”.

“Durante enero se redujeron 98% las transferencias discrecionales a provincias. Estamos transparentando un sistema que funcionaba en favor de la propia política. Los recursos se están enviando a través de las transferencias automáticas. Las discrecionales se han terminado”, comentó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Y destacó que le medida se trató de una decisión del Presidente y que responde a “lo que dijo siempre” sobre el tema.

A partir de esta reducción de las transferencias a las provincias, indicó Adorni, “las cajas para hacer política se han terminado”. Y añadió: “Se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante. Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que el esfuerzo también lo tienen que hacer los gobernadores”.

Ya en diciembre, el Gobierno ordenó cortar las transferencias discrecionales y frenar obras sin ejecutar. La estrategia era sentarse a negociar con los gobernadores, pero todo pareció precipitarse en las últimas horas con la caída de la ley ómnibus.

Según un informe del Ieral, que circuló en pleno debate en las gobernaciones, el Ejecutivo envió en enero apenas $ 200 millones de transferencias no automáticas a las provincias, en comparación con los $ 46.800 millones que había mandado el mismo mes de 2023, en términos constantes. Esto significó que 13 de ellas no recibieran un solo peso.

Las provincias más perjudicadas

Las más castigadas fueron Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, muchas vinculadas al peronismo opositor. Pero también Córdoba -a pesar de tener funcionarios en áreas clave de la administración nacional- y los distritos gobernados por JxC, como Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, San Juan y Santa Fe.

En el caso de la provincia gobernada por Axel Kicillof, en enero de 2023 había recibido 35.510 millones de pesos y en el mismo mes de este año solo 50 millones. La contrapartida en Buenos aires, que pasó de 9 millones a 74 millones, y es una de las pocas beneficiadas por Milei.

El grueso de esos fondos que van a las provincias y administra el Tesoro por fuera de la coparticipación están asociados al Fondo nacional de incentivo docente, el Fondo de fortalecimiento fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la denominada Asistencia financiera a provincias y municipios (ATN) y las transferencias a Cajas previsionales provinciales.

El otro revés para los gobernadores fue la pérdida en enero de $ 280.000 millones en transferencias automáticas por la menor recaudación de impuestos coparticipables y la suba del piso mínimo de Ganancias impulsada por Sergio Massa, con apoyo de Milei. Según el director del Iaraf, Nadin Argañaraz, habrían caído 11% real interanual, el menor valor real para enero de los últimos 9 años.

La reducción casi total de las transferencias discrecionales se conoció horas después de que el Gobierno anunciara una disminución del subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional para, de ese modo, concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Las reacciones

Sin embargo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que la eliminación de subsidios del transporte en las provincias «incumple», justamente, ese acuerdo fiscal y, por el contrario, mantiene «fuertes asimetrías entre el AMBA y el esto del país».

«Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo», escribió Cornejo, dirigente del radicalismo, en su cuenta oficial de la plataforma X.

Otro mandatario de la UCR, el santafesino Maximiliano Pullaro, aseguró que a la provincia que gobierna «siempre la discriminaron» y, en esta ocasión, sufrirá la quita de unos «1.500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los de transporte».

Pullaro advirtió que no va «a permitir a ningún gobierno nacional» que aplique «más retenciones al campo y a la industria, porque eso -evaluó- atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la Argentina, principalmente de Santa Fe».

«El Estado nacional pretende tener a los gobernadores de rodillas», consideró el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia «para defender el patrimonio» de la provincia ante las medidas tomadas por el Gobierno nacional.

«No creo que ningún gobernador deje de hacer lo mismo porque es algo que nos une», vaticinó el gobernador pampeano en declaraciones a Radio 10.

Ziliotto mencionó que la Nación tampoco está transfiriendo a las provincias el Fondo de Incentivo Docente, aunque dijo que no dejará de aplicar este beneficio a los educadores.

Al respecto, el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof informó que este miércoles fueron depositados los salarios correspondientes al mes de enero de los docentes bonaerenses, según el cronograma habitual, pese a que «el gobierno nacional no transfirió los fondos correspondientes» a los complementos nacionales.

Kicillof abonó los salarios «con recursos propios para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario» docente «en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre».

Sin embargo, el gobierno bonaerense advirtió en un comunicado que a futuro «no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales», que «son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno nacional, y que, en el caso de un maestro de grado, llegan a explicar cerca del 10% del salario».

En tanto, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, consideró, en declaraciones a Radio Perfil, que si la relación del Gobierno con las provincias «va a ser la que se viene advirtiendo a partir de declaraciones y conductas» del presidente Milei y algunos de sus funcionarios, se generará «una contrarréplica» por parte de los distritos.

«Si el Gobierno decidiera asfixiar a las provincias para que no puedan funcionar, considerando, entre otras cosas, que el 85% de los recursos presupuestarios que tienen se destina para solventar y financiar educación, seguridad y salud, lo que van a fundir son los sistemas públicos más importantes que tiene el Estado», evaluó.

Los intendentes, en contra de la medida

 En tanto, un grupo de intendentes de las principales ciudades del país Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Jorge Jofre (Formosa), Roy Nikisch (Resistencia), Emiliano Durand (Salta) y Rosario Romero (Paraná), entre otros- expresaron en un comunicado conjunto su «extrema preocupación» y advirtieron que la medida «es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse».

«Ante esta situación, los intendentes que suscriben, evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional. A su vez, nos autoconvocaremos en los próximos días para solicitar en conjunto la revisión de la misma», informaron.

Firman también el comunicado Damián Bernarte (San Francisco), Eduardo Accastello (Villa María), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Javier Martínez (Pergamino), Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Marcos Ferrer (Río Tercero), Mariano Gaido (Neuquén), Pablo Javkin (Rosario), Pablo Petracca (Junín), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), y Santiago Passaglia (San Nicolás).

En este sentido, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, advirtió que el pasaje de colectivos en esa ciudad santafesina no puede costar «menos de 1.000 pesos» si se elimina el Fondo Compensador al transporte público, y advirtió que es una quita «selectiva» que generará «mayor distorsión» entre lo que se paga en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.

«Somos más de 45 ciudades que prestamos servicio de transporte en el interior del país en donde los boletos ya oscilan entre los 500 y los 300 pesos, o sea que estábamos hablando de no menos que duplicar o triplicar esa tarifa lo cual haría imposible el funcionamiento del servicio», dijo el intendente rosarino.

Consideró que con la quita de subsidios al transporte, «se configuraría un absurdo, porque si se aplica como se comunicó, el Gobierno Nacional debería aportar el subsidio de la (tarjeta) Sube, con lo que también aumentaría el aporte pero de forma indirecta».

«Es una medida que tampoco tiene lógica desde el punto de vista del cuidado de los recursos», afirmó a la prensa.

Javkin explicó que «se generaría una mayor distorsión entre AMBA y el interior, por lo cual un obrero, una enfermera o un maestro del interior pagaría un monto el boleto de colectivo y, en el AMBA se pagaría menos de un tercio».

«Si se corta el aporte nacional, el problema será de sostenimiento del sistema en general», sentenció.

Advirtió que «no habría manera de seguir prestando el servicio bajo ninguna modalidad, excepto elevando las tarifas a montos que implicarían la caída de usuarios con una injusticia aún mayor porque quienes tienen atributos sociales de la Sube pagaron la mitad, pero los trabajadores excluidos de la medida de la sube pagarían la tarifa completa lo que afecta la productividad».

«Uno ha leído que esto se enmarcaría en una suerte de medida de represalia contra las provincias, pero en definitiva, esta no es una represalia contra los que gobernamos sino que es contra quienes son usuarios del sistema de transporte», afirmó.

«Eso es lo que le hemos trasladado al ministro del Interior de la Nación, agregando que esa medida solo se toma para el interior del país, es una quita de subsidios selectiva a quienes no vivimos en el AMBA», remarcó.

«Un sistema de subsidio a la demanda debería partir de la base de que un ciudadano argentino que vive en La Matanza es igual a uno que vive en Rosario, Córdoba o Corrientes», finalizó.