Una jueza hizo lugar este lunes a una medida cautelar reclamada por la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina (FUVA) para que se suspenda la aplicación del capítulo laboral del DNU del presidente Javier Milei, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la jueza Nacional del Trabajo Silvia Garzini, en relación al planteo en el que se indicaba que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) incluía «la eliminación sin ningún tipo de fundamento del Estatuto del Viajante normado en la ley 14.546», según surge de la resolución a la que accedió Télam.

La jueza citó en su resolución el fallo emitido la semana pasada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el caso iniciado por la CGT, el primero que suspendió el capítulo laboral del megadecreto del Gobierno de Milei.

En ese contexto, la jueza Garzini resolvió «hacer lugar a la medida cautelar pretendida y, en consecuencia, suspender preventivamente la aplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV -Trabajo- del decreto de necesidad y urgencia No 70/2023, título que incluye la derogación de la ley 14.546 (Estatuto del Viajante), en cuanto afecta a los trabajadores representados por la entidad gremial requirente, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presente actuaciones».

La ley 14.546 fue dictada «a fin de regular una actividad con modalidades específicas y ha sido, a lo largo de estos años, respetada por las partes involucradas en la relación, sin que, ‘prima facie’, se avizore en los considerandos del decreto cuestionado que la especialidad del régimen que regula la actividad del viajante de comercio pudiera de forma trascendental afectar en materia social y/o económica, al extremo de haber sido derogada mediante un decreto de necesidad y urgencia», sostuvo la jueza.

En la presentación de la FUVA se había señalado que, además de las limitaciones a la organización colectiva de los trabajadores, el DNU incluía la eliminación de plano de una categoría de trabajadores como son los viajantes vendedores.

Se trata de la tercera cautelar concedida por ese tribunal: la justicia laboral había hecho lugar a un planteo de la CGT y a otro de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).

En todos los casos se consideró que debía quedar suspendido el capítulo laboral del DNU hasta tanto se analice su contenido de fondo.

Un juez habilitó la feria

Por otro lado, el juez Lavié Pico habilitó la feria para tratar el pedido de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que presentó la semana pasada un amparo para «ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno de Javier Milei». 

En la presentación, más de 500 intendentes del todo el país presentaron «este recurso de amparo para frenar el DNU que avasalla los derechos de los argentinas y argentinas». 

Es así como la Federación, encabezada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023 hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, según informó la propia FAM el viernes a través de un comunicado.

Al mismo tiempo, el Gobierno apeló contra el fallo de Lavié Pico -el primero de todos- presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque sostiene que «se extralimitó en sus facultades». En tanto, el juez Lavié Pico desarmó lo que se tramitaba como «amparo colectivo», ideado por el titular del juzgado Esteban Furnari, que ahora se encuentra de feria. 

La decisión de Lavié Pico se debe a su creencia de que cada planteo atacaba una cuestión diferente del DNU y es por eso que era mejor desarmarlo, algo contrario a lo que quería el gobierno, que pensaba concentrar todos los amparos en un mismo juzgado. 

A través de la Procuración del Tesoro, desde que comenzaron las repercusiones por el polémico DNU, el Gobierno quiso que los expedientes de la CGT y la CTA (y los que sigan surgiendo) se acumulen en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero ahora, y para su pesar, lograron que ese juzgado también este a favor de los amparos y no beneficie al oficialismo.