La jueza Marta Cirulli ordenó este martes la «intervención plena» de la empresa Correo Argentino SA y el «desplazamiento total» de su directivos, que habían sido designados por Socma, la empresa de la familia Macri.
La intervención respondió a los pedidos presentados por el procurador de Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago a los acreedores.
Zannini había denunciado «irregularidades» con «entidad suficiente para lesionar seriamente» los intereses del Estado, principal acreedor del concurso, que -según sostuvo el procurador del Tesoro- «ve disminuida día a día su posibilidad de satisfacer su acreencia».
La intervención judicial fue dispuesta hasta que termine el «procedimiento de salvataje» de la sociedad. Implica una ampliación de la medida de coadministración ordenada por la jueza el 6 de septiembre pasado.
El Correo Argentino, una empresa de la familia Macri, había ofrecido un monto para el pago de la deuda durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la jueza y la fiscal consideraron que esa oferta era muy baja.
Según los cálculos de Cirulli y Boquín, de haber aceptado la propuesta, el Estado habría convalidado una quita del 98,87% de la deuda del Correo Argentino.
La fiscal Boquín dictaminó que la deuda actualizada era de $70.163 millones y que con el acuerdo la familia Macri se beneficiaría con el no pago del 98,87% del monto total.
En cambio, los abogados de Correo Argentino respondieron que el valor de la deuda «por cánones oscila entre $528 millones y $651 millones» por lo que la quita propuesta, de pagar $296 millones, rondaría entre el 44% y el 54,5%.
Ahora, la jueza Cirulli ordenó la intervención de la empresa y por consiguiente el desplazamiento total de la sociedad concursada hasta tanto concluya el procedimiento de salvataje.