El fiscal de La Plata Álvaro Garganta dispuso este viernes que, de ahora en más, no se evacúen las escuelas ante amenazas de bomba como venía sucediendo, para ponerle fin a la suspensión de clases en los establecimientos educativos de la ciudad y las localidades de la región capital, de las más afectadas en toda la Provincia.
A partir de una resolución de Garganta, de ahora en más no se evacuarán las escuelas que reciban amenazas de bomba y se continuará con el dictado de clases mientras se busca el explosivo en el establecimiento. La medida, que propone un giro en la metodología que se implementaba hasta ahora, busca ponerle un freno a la seguidilla de casos y que genera la pérdida de muchas horas de clases para los alumnos.
Según se desprende de la resolución firmada por el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata y dirigida al director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, ante cada nuevo llamado los agentes de la Dirección Provincial de Explosivos realizarán los procedimientos correspondientes para descartar la amenaza y, de no hallar material explosivo, las clases continuarán su curso con normalidad.
La medida indica que «para los casos de amenazas de explosivos en establecimientos escolares, de cualquier tipo, donde el único elemento probatorio que acredite la verosimilitud de esto sea la llamada recibida, esto es, que ni las autoridades, ni el personal, ni el alumnado ha percibido en el edificio ningún paquete, bulto u objeto extraño, no se ha visto ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio y/o cualquier otra circunstancia excepcional; la actuación policial se limitará a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar».
Luego Garganta agregó que “solo si los especialistas encontraran algún material que fuera necesario explotar se procederá entonces a realizar el usual perímetro y la evacuación del edificio”. Cabe destacar que el turno del fiscal finaliza el próximo 15 de agosto.
Las consecuencias de un solo llamado hasta ahora son de alto impacto: se suspenden las clases, se convoca a personal de la Dirección de Explosivos de la Policía Bonaerense y uniformados de la comisaría de jurisdicción debe presentarse para mantener alejados a los curiosos, lo que resiente el servicio de prevención en seguridad, además de los gastos económicos.