El Gobierno solicitó este viernes a la Cámara de Diputados la conformación de una comisión integrada por funcionarios del Gobierno y legisladores que elabore una nueva fórmula para el aumento jubilatorio, que fue suspendida por la ley de emergencia pública.
En la nota que envió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al presidente de Diputados, Sergio Massa, se informa que esa comisión será integrada por Miguel Basio, jefe de Gabinete de Asesores y Luis Bulit Goñi, secretario de Seguridad Social, ambos del Ministerio de Trabajo, y Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía.
Por el lado del Legislativo, la presidencia de la Cámara contestó que la comisión estará integrada por diputados y diputadas “representantes de los distintos bloques políticos, estableciendo que sean los presidentes y vicepresidentes de las comisiones” que tienen competencia en la materia, es decir, de Presupuesto y Hacienda, Previsión y Seguridad Social, y de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales. Una carta similar se recibió en la Cámara de Senadores.
Así, la comisión tendrá 12 integrantes: tres miembros del Ejecutivo, seis diputados y tres senadores. La comisión trabajará desde el 1º de marzo y deberá proponer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria el 30 de mayo.
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Se especuló con que la conformación de esta nueva comisión sería parte del anuncio que darán el ministro de Trabajo, Claudio Moroini, y el titular del ANSES, Alejandro Vanoli. Sin embargo, la Casa Rosada explicó que “esa comisión fue creada ayer, y nada tiene que ver con los anuncios que realizarán a las 18”.
La suspensión de la fórmula jubilatoria, que afecta principalmente al 25% de los haberes (aproximadamente 1,6 millones de jubilados, de un total de 6,85 millones, que cobran más de $ 50.000) que recibirán aumentos módicos, tiene la contracara de los fallos judiciales, que podrían pronunciarse contra “el principio de progresividad” o “el grado de protección ya alcanzado”.
La justicia salteña se pronunció la semana pasada en ese sentido, que en la presentación del jubilado Roberto Daniel Calivia, el juez recordó que el damnificado tendría que tener un aumento en marzo de 11.56% y en junio de este año otro 15%, intimando al Estado a que haga efectivo ese aumento, aunque fue suspendido por la ley de Emergencia Pública.
Incluir al Congreso en la solución de este tema, es el camino que encontró el Gobierno para facilitar una rápida aprobación de la nueva fórmula, y así limitar a la mínima expresión los fallos judiciales adversos.