A pesar de las marchas masivas de mendocinos que exigieron que se dé marcha atrás a la reforma de la ley minera 7.722, el gobernador Rodolfo Suárez promulgó este martes las modificaciones a esa norma en el boletín oficial. Desde Nación, el ministro de Ambiente Juan Cabandié expresó hoy su «preocupación» por esos cambios, aunque ratificó que «la competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial».
Mediante la ley 9.209 se habilitó las reformas a los artículos 1,2,3,4,5 y 7 de la ley N.º 7.722. Esta decisión, la de no dar marcha atrás con los cambios a la norma que ahora habilita el uso del cianuro en la actividad minera, fue adelantada ayer por el secretario de Ambiento, Humberto Mingorance, quien, en medio de una multitudinaria protesta en Casa de Gobierno, sentenció: “no vetaremos la ley”.
El viernes pasado senadores y diputados mendocinos, tanto del oficialismo como de la oposición peronista, aprobaron por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722, que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.
En el Gobierno, si bien no pensaron en un escenario tan fuerte como el de ayer -con la masiva marcha e incluso su duración-, comentaron que nunca estuvo en la mente del Gobernador impulsar el veto de la ley, sobre todo porque insistieron en que fue una promesa de campaña de Suárez, quien decidió jugar fuerte de entrada, al indicar que intentaría reactivar la minería metalífera con la reforma de esta ley 7.722 que regula la utilización de sustancias químicas para la actividad minera.
De hecho, el golpe de efecto y las reales intenciones de Suárez se dieron al mostrar que fue su primer proyecto con el que debutó como gobernador, y que luego tuvo una masiva aprobación gracias al acuerdo que hubo con el principal partido opositor, el Frente de Todos.
Qué dijeron en Nación
El ministro de Ambiente de la Nación Juan Cabandié expresó su «preocupación» por los cambios realizados en la ley 7722 en Mendoza, que habilita el uso de sustancias tóxicas en la minería y que generó protestas y una multitudinaria marcha ayer en la provincia.
«La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente», dijo el ministro en un texto esta mañana.
Y agregó: «se dispuso que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales».