Más de 450 pacientes de un hospital del sur de Inglaterra murieron a raíz de la práctica habitual de administrarles fuertes dosis de calmantes opioides sin justificación médica, según concluyó una investigación independiente que reclama la intervención de la policía. El informe apunta como responsable directa a una sola doctora, aunque también subraya la desidia de las autoridades del centro frente a un escándalo que se circunscribe entre 1989 y 2001.

A lo largo de ese periodo, la doctora Jane Barton supervisó una “práctica institucionalizada de acortar vidas” que resultó en la muerte de 456 pacientes del hospital Gosport War Memorial (condado de Hampshire), según el veredicto de la investigación encabezada por el antiguo obispo de Liverpool, James Jones. Sus responsables sugieren asimismo que al menos otros dos centenares de enfermos vieron disminuida su esperanza de vida a consecuencia de esa actitud de “desprecio por la vida humana” que supuso el tratamiento con “dosis peligrosas” de diamorfina, un fuerte calmante de tipo opioide, sin que ello estuviera clínicamente justificado.

En este marco, la primera ministra británica, Theresa May, calificó ayer mismo en el Parlamento a las averiguaciones como “trágicas y muy preocupantes”, y expresó sus disculpas a los familiares por el tiempo que han tenido que esperar para obtener “respuestas”.

Escándalo en un hospital inglés por “acortar la vida” de unos 500 pacientes

“Es algo trágico y preocupante.
Las familias involucradas deben
sentir una angustia inimaginable”.
Theresa May, Primera ministra británica.

El panel que dirige Jones se ha mostrado muy duro con las autoridades sanitarias y en especial con las del centro de Hampshire, habida cuenta de que varias enfermeras ya alertaron sobre los métodos de Barton hace más de cinco lustros. “El hospital pudo haber forzado una rectificación, pero decidió no hacer nada”, recalca el informe sobre el ostracismo con el que se toparon las enfermeras denunciantes en su día. También recibe palos el entonces diputado de la circunscripción local, sir Peter Viggers, quien de forma recurrente minimizó lo que estaba ocurriendo en el Gosport, cuestionó la necesidad de una investigación y dejó claro que el hospital contaba con su pleno apoyo.

Pero el punto quizá más sensible del informe sobre “un periodo de doce años en el que se quebró el cuidado de los pacientes” es el que recalca que “si bien los [otros] miembros del personal médico del hospital no estuvieron implicados directamente en el tratamiento de esos enfermos, sí conocían cómo eran administrados los calmantes y, sin embargo, no intervinieron para poner fin a esa práctica”.

La doctora Barton, de 69 años, está retirada desde que fuera objeto de acciones disciplinarias por el defectuoso cuidado de una docena de pacientes en Gosport, entre 1996 y 1999. No se adoptó entonces ninguna otra medida adicional contra ella. A la luz de la investigación difundida este miércoles, el obispo Jones ha dejado claro que no le compete a él “adscribir responsabilidades penales o civiles”, labor que confía a las autoridades y a la policía. En otras palabras, lo que el prelado reclama en nombre de las familias de las víctimas es la apertura de una investigación criminal.

El ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, aseguró que “la Policía examinará cuidadosamente el nuevo material que aporta el informe, antes de determinar los próximos pasos a seguir y, en particular, la posible carga penal”.