“Buscamos conocer qué perciben los habitantes como derechos, cuáles reconocen como los que menos se respetan, quién es el responsable de que eso suceda y qué tipo de acción realizan cuando un derecho es vulnerado, los que nos pone frente a un mapa de cuáles son las principales problemáticas de los bonaerenses, y que nos permite elaborar estrategias para actuar sobre ellas”, sostuvo el titular de la Defensoría, Guido Lorenzino.
#Conurbano: Según la @defensoriaPBA, los derechos laborales son los que menos se respetan 👇https://t.co/dZ457fLvBt pic.twitter.com/XjkviH3qaH
— Defensoría del Pueblo PBA (@defensoriaPBA) August 24, 2018
Según el informe, el 98% de los encuestados contestó que existen derechos que no se cumplieron, para ellos o su familia, en los últimos cinco años. De estos, casi 80% mencionó tres o más tipos de derechos vulnerados, entre los que se destacan los derechos laborales (45%), particularmente con el trabajo a nivel personal, como conflictos con salarios, honorarios o despidos injustificados.
Luego aparecen los temas relacionados a la vivienda y el barrio, como el alumbrado público, cloacas y la limpieza de las calles; y el derecho a la salud, lo que queda en evidencia con la falta de instrumentos en hospitales y salas o la mala atención en estos establecimientos.
Entre otros derechos vulnerados figura también el transporte público (mala calidad del transporte, horarios, inseguridad) y problemas medioambientales, atribuidos a la existencia de basurales y a la contaminación que generan.
Si se hace una distinción entre géneros, los hombres perciben más problemas habitacionales y de infraestructura del barrio, y las mujeres se preocupan más por derechos vinculados a la salud, la educación y la violencia de género.
En tanto, las personas de nivel socioeconómico más bajo identificaron como los derechos más vulnerados aquellos que tienen que ver con el trabajo, la salud y la vivienda y el barrio.
A la hora de señalar responsables ante estas situaciones, el 40% de los encuestados indicó que los gobiernos, tanto en el nivel nacional como en el provincial y municipal, son los principales responsables de la vulneración de derechos. Más atrás aparecen las personas particulares (18%), como las empresas (16%) y las instituciones públicas (14%).