La gobernadora María Eugenia Vidal promulgó el decreto 342/18 que obliga a instalar cámaras de seguridad en los colectivos, cuya aplicación estará a cargo del ministerio de Infraestructura y el ministerio de Seguridad. La medida tiene lugar en el marco del crimen del colectivero de Virrey del Pino ocurrido hace dos semanas y que generó una gran conmoción social.
Cientos de vecinos se juntaron en La Matanza para reclamar seguridad y los choferes de distintas líneas aprovecharon para volver a exigir medidas que permitan llevar adelante su trabajo con mayor tranquilidad, luego del asesinato de Leandro Alcaraz.
Estas situaciones trajeron como consecuencia la promulgación del decreto 342/18 que busca el “establecimiento y regulación de las Cámaras de Seguridad en las unidades de transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal que presten servicios dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires».
En 2017 se había promulgado la ley 14897 que establecía que “Las unidades de transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal que presten servicios dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires deberán contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período cierto, en las condiciones que establezca la reglamentación”.
La norma además daba un plazo de 60 días para la instalación del servicio. El nuevo decreto otorga 90 días para que las empresas puedan cumplir los requerimientos. Los encargados de que el decreto funcione serán los Ministerios de Infraestructura y de Seguridad, que tendrán que «supervisar y controlar el correcto funcionamiento del equipamiento a bordo de las unidades de transporte público y graduar la aplicación de sanciones.