Después de la polémica que se desató por los cuatro extranjeros detenidos tras los incidentes frente al Congreso a fines del mes pasado cuando se discutía el Presupuesto, el Gobierno intenta acelerar la reforma del Código Penal.

Para eso giró al parlamento un proyecto que tiene dos objetivos principales: endurecer las penas por cortes de tránsito o piquetes no autorizados, y crear una figura penal para condenar a los extranjeros que entren al país pese a no poder hacerlo.

El propio presidente Macri ordenó la agilización de la redacción del proyecto para enviarlo al Senado para que empiece a debatirse después del tratamiento del Presupuesto.

 

En la iniciativa, se busca aplicar penas de entre seis meses y dos años de cárcel a quienes «detengan o entorpezcan» sin autorización del Estado la circulación de los servicios de transporte público y privado.

Por otro lado, piden cárcel para los migrantes que usen documentación apócrifa y a quienes vuelvan a entrar a la Argentina después de haber sido expulsados por la Justicia. El Gobierno impulsa además, con una parte del peronismo, el endurecimiento de la ley migratoria para agilizar las expulsiones de extranjeros que delinquen.

Días atrás, el presidente había pedido que se discuta la ley migratoria para que haya «reciprocidad» con los otros países. «Debemos tratar de protegernos contra otros que vienen con otro tipo de intenciones y estar alertas sobre cómo nos tenemos que manejar», aseguró.