Desde el Gobierno de Mauricio Macri se ofrecieron ayer a tender puentes entre el bloque de senadores del PJ y la CGT, virtual brazo sindical del movimiento fundado por Juan Perón. El propósito de los funcionarios de Interior y de Trabajo es unir a esas astillas del mismo palo para destrabar la reforma laboral, que corre el peligro de quedar definitivamente empantanada en el Congreso.
Aunque inscripto en el “reformismo permanente” que predica el Presidente, el proyecto fue enviado al Senado por fuera del paquete económico que según el acuerdo con las provincias debería aprobarse “sí o sí” antes del 31 de diciembre. Será por eso que el jefe de la bancada del FpV-PJ, Miguel Pichetto, se tomó la licencia de anunciar el miércoles a medianoche, en plena defensa de otra reforma caliente, la previsional, que “no vamos a votar” la ley laboral.
Enseguida matizó la afirmación, al indicar que “no sé si me van a convencer, porque no vale ninguna ley el desprestigio injusto de esta institución”. Y así blanqueó que su enojo no es con el texto, sino con la incapacidad de la cúpula cegetista de contener a Pablo Moyano, quien levantó sospechas de sobornos, al comparar el debate de la reforma de Macri con “la ley Banelco” que disparó el escándalo de la reforma laboral que en su momento impulsó la Alianza.
Pichetto no sabe aún qué dimensión tendrá el nuevo bloque que conducirá cuando se desprenda de los K, a partir de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre. Pero nadie duda de que seguirá manejando los votos decisivos (entre 24 y 28) para garantizarle al oficialismo avanzar con sus proyectos, dado que Cambiemos trepará de 15 a 25 integrantes, pero aún le faltarán 12 votos para imponer una ley.
Ayer, el jefe peronista explicó a colegas del oficialismo que pretende el aval de la CGT en pleno, sin fisuras, tal como sucedió con los gobernadores en el debate de las leyes fiscales, para asumir los costos de votar la reforma laboral. Le pasa factura a los sindicalistas de su partido por haberse negado a asistir al Senado a defender el proyecto que pulieron junto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Fue el motivo por el cual la semana pasada anunció que el debate se trasladaría a la nueva conformación de las cámaras. Ahora planteó otra prórroga: entrado 2018.
Es una factura por la actitud de la cúpula cegetista de irse al Vaticano cuando iba a empezar el tratamiento de la ley en comisión y de dirigir desde allí fuertes dardos contra la reforma previsional que habían consensuado los gobernadores del PJ. Mientras uno de los hijos de Hugo Moyano, el camionero, petardeada el texto de la ley laboral que otro de los hijos del ex mandamás de la CGT, Huguito, el abogado de la central sindical, había refrendado hasta en su letra chica.
Ahora, Pichetto pretende que la mesa cegetista le vaya a pedir personalmente que reabra el debate sobre una ley que tiene como zanahoria para los gremios la apertura a un amplio blanqueo laboral. Tanto el peronismo como los sindicalistas del ala dialoguista entienden que las ventajas de esa enmienda -dirigida a formalizar a una legión de más de 4 millones de empleados no registrados– son superiores a las concesiones que se exigen a los trabajadores. Entre ellos el de renunciar al cálculo del aguinaldo y adicionales para las indemnizaciones.
En la Rosada aún confían en ablandar a los Moyano -con papeles flojos en la empresa OCA, tanto como en la conducción de Independiente)- como para que acepten dar aval a la reforma antes de Navidad. Así, creen que podrían ganarle una carrera al reloj para sumar otra ley clave a las que ya tendría garantizadas: la previsional y las fiscales. Por más que en el Senado pocos apuestan para antes de marzo.