El juez federal Ernesto Kreplak dispuso hoy la intervención del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) en el marco de la investigación contra su titular, Marcelo Balcedo, y otro miembro del consejo directivo, Mauricio Yebra.

Según fuentes judiciales, el gremio quedará a cargo de un cuerpo colegiado, conformado por un representante del Ministerio de Trabajo de Nación y otro de la misma cartera a nivel provincial.

Asimismo, aún se encuentra en trámite el pedido de extradición de Balcedo realizado por el magistrado platense, el cual fue solicitado mediante la Cancillería nacional y tras arribar a sus pares uruguayos ya estaba en camino hacia la Justicia local.

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En el requerimiento, el juez había solicitado, además, que la esposa de Balcedo, Paola Fiege, también retorne al país, al igual que todos los bienes que fueron incautados, entre ellos los 7,5 millones de dólares que le encontraron en diferentes cajas de seguridad.

Según el escrito enviado por la fiscalía, «los activos que la organización habría puesto en circulación en el mercado formal, a través de múltiples operaciones, provienen de diversos hechos ilícitos, entre los que se encuentra la administración fraudulenta de los fondos pertenecientes al Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme)».

Según la Justicia nacional, Balcedo y sus colaboradores utilizaron diversas maniobras para lavar decenas de bienes que fueron incautados en diversos operativos realizados en Uruguay, siendo que algunos de ellos son autos de lujo, entre los que se destacan una Ferrari Modelo California, un BMW X6, un Porsche Boxter y una Smart modelo Fortwo City; además de inmuebles como chacras y terrenos en zonas exclusivas «charrúas»; una casa en el country Abril; embarcaciones, y grandes sumas de dinero en efectivo.

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Asimismo, destacaron en el pedido de extradición que Balcedo, como Secretario General del Soeme, extrajo, junto con Yebra, en carácter de empleado, , en 2012 y 2013, no menos 80 millones de pesos en efectivo de una cuenta de la delegación del gremio en Buenos Aires, que se encontraba en el Banco Columbia. Y agregaron que lo realizaron «sin que dicha operación esté justificada en razones funcionales del sindicato al cual pertenecían los fondos».