Una jueza de Violencia Familiar de Salta le ordenó a las autoridades locales que adopten urgentes medidas de protección contra la “violencia obstétrica” que padecen madres en situación de parto en hospitales públicos y privados.
La jueza Noemí Valdez resolvió “requerir” a los directivos de un hospital privado provincial,identificado por sus siglas “HP”, que en el plazo de 10 días “presente un programa de planeamiento y abordaje para la prevención de casos de violencia de género y específicamente de violencia obstétrica”.
Lo hizo ante la denuncia de una mujer que el 26 de setiembre de 2016 concurrió a una revisión ginecológica en el establecimiento asistencial y le indicaron que controlara sus contracciones y la mandaron a su casa, distante unos 30 kilómetros del lugar en el que debía dar a luz.
La mujer, según publicó el sitio especializado en jurisprudencia elDial.com, denunció graves padecimientos de que fue objeto por parte de las autoridades administrativas y médicas del hospital.
Entre ellas, “el maltrato verbal de los médicos mientras debatían en qué sala sería el parto, la ausencia de mantas para cubrir a la hija y a ella misma una vez producido el nacimiento, el registro de la beba con un nombre y horario erróneo, la demora en amamantar y la ausencia de analgésicos”.
En su resolución, la jueza ordenó a los directivos del centro médico y al profesional cuestionado presentar “un programa de planeamiento y abordaje para la prevención de casos de violencia de género y específicamente de violencia obstétrica”.
Además, solicitó que, en caso de que ya hubiera un plan de este tipo, se lo presente con “un informe detallado de su efectiva aplicación”.
El sanatorio deberá también “capacitar a todo su personal para el efectivo y concreto cumplimiento de la Ley 7888 en todo su articulado, requiriendo al Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta orientación en la temática para mejor y mayor ilustración”.
“Dicho informe, deberá versar específicamente en la modalidad de prevención de casos de violencia obstétrica, y sobre promoción de acciones claras de abordaje para el personal de la Salud y para la ciudadanía en general”, indicó Valdez.
Asimismo, la jueza exhortó al Ministerio de Salud Pública a capacitar al personal de la Salud en el ámbito “público y privado”, en la materia.
Por otro lado, en su resolución, la jueza instó a los directivos de la obra social de la denunciante “al estricto cumplimiento por parte de sus prestadores de la Ley Provincial 7888, requiriéndose que informe en el plazo de tres meses las estrategias efectuadas”.
A la vez, hizo conocer la resolución a la Dirección Nacional de Obras Sociales y a la Superintendencia de Seguros de la Nación, para que “se coordinen estrategias y medidas efectivas y eficientes para el cumplimiento de la Ley Nacional 26485”.
Finalmente, comunicó lo resuelto a la Superintendencia de Seguros de la Salud, al Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Delegación Salta), al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, al Colegio Médico de Salta y a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la provincia.