La fiscal Verónica Zamboni, quien investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa, pidió este lunes que los ocho rugbiers detenidos sean imputados como «coautores» del crimen ocurrido en Villa Gesell el pasado 18 de enero a la salida del boliche Le Brique.
Hasta el momento, esa calificación solamente se ceñía a Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19).
Los restantes detenidos -Luciano (18) y Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20)- eran considerados «partícipes necesarios», aunque ahora Zamboni le solicitó al juez de Garantías David Mancinelli que sean imputados como «coautores». Ambos delitos contemplan una pena a prisión perpetua.
En cuanto a Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), excarcelados la semana pasada, la fiscal pidió que sigan imputados como partícipes necesarios del crimen.
En su pedido para incluir a todos los detenidos como autores materiales del asesinato, Zamboni hace un breve repaso de los ocurrido esa noche: “Se abalanzaron sobre Fernando Báez Sosa aprovechando que se encontraba de espaldas e indefenso y actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física existente. Comenzaron a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo, lo cual provocó que la víctima cayera primero arrodillada y luego al piso inconsciente”.
También ratifica que el ataque fue “con el fin de darle muerte y cumplir lo pactado” y que por eso le pegaron “varias patadas en el sueño en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, que le provocaron su deceso de forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a traumatismo grave de cráneo”.
La decisión de Zamboni se conoció el mismo día en que el abogado defensor de los imputados, Hugo Tomei, recusó a la fiscal.
Tomei había denunciado a Zamboni por «privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público». A su entender, no se cumplió correctamente con las formas que establecen los artículos 308 al 315 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.