La Defensoría del Pueblo bonaerense intimó a las empresas distribuidoras de gas natural que prestan servicio en la provincia de Buenos Aires a que se abstengan de interrumpir la provisión por falta de pago, teniendo en cuenta el contexto de aumento tarifario y el cada vez menor beneficio que se puede obtener de la tarifa social.

“Reclamamos que se garantice a todos los usuarios domiciliarios un mínimo de consumo indispensable para la vida digna, para que la gente pueda vivir sin la angustia del corte total, sobre todo para las familias con niños, adultos mayores, enfermos, con personas con discapacidad o para los que menos tienen. Las deudas de los servicios públicos se acumulan y la gente no puede pagarlas”, afirmó el Defensor del Pueblo, Guido  Lorenzino.

En su planteo, el organismo definió este mínimo de consumo en dos bloques de tarifa social, beneficio económico quede todas formas califico por exiguo, sobre todo luego de las modificaciones introducidas por el gobierno nacional.

La postura de la Defensoría se basa en que el primer trimestre de 2018 los reclamos que recibió por los aumentos de los servicios públicos crecieron un 82% respecto al mismo período de 2016, cuando comenzó a sentirse el impacto de los nuevos cuadros tarifarios. En tanto, los que tienen que ver con la tarifa social subieron más de 92% en estos años.

“Planteamos un piso de derechos igualitario, mínimo, que garantice la dignidad humana, para que la gente que no pueda pagar por estrictas razones económicas pueda mantener la provisión de este servicio elemental, tal como está garantizado constitucionalmente”, detalló Lorenzino.