La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires denunció al Estado nacional por haber habilitado a las empresas Edenor y Edesur para que avancen con una suba “ilegal, irrazonable e inconstitucional” de la tarifa del suministro eléctrico.
“Un usuario que consume hasta 300 kw/h tuvo que pagar desde febrero de 2016 hasta hoy un aumento del 1.500%, lo que representa una situación de clara pobreza energética, donde las familias tienen que postergar otros gastos para abonar los servicios, algo que impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables», explicó Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo bonaerense.
La denuncia fue presentada en el Ministerio Público Fiscal, ya que este organismo es quien tiene la obligación de proteger los derechos de los consumidores, sobre todo los de menores recursos, tal como lo marca la Constitución.
“El gobierno nacional es responsable de que estemos ante una tarifa confiscatoria y casi imposible de pagar, y que le da la espalda al derecho constitucional que prevé la protección económica de los usuarios”, denunció Lorenzino.
En ese sentido, detallo que “con la denuncia también queremos dejar en manifiesto lo que sucede con la tarifa social, que con todas las modificaciones que le aplicó el gobierno hace que hoy el 70% de los usuarios que deberían estar alcanzados por este beneficio no lo tengan”.
En la denuncia, la Defensoría argumenta que los aumentos no son razonables, progresivos ni proporcionales. Además pone en observación que los consumidores no podrán abonar la tarifa y énfasis en el impacto que esta situación tiene en la prestación de un servicio eficiente y de calidad que exige la Constitución.