La Corte de Estados Unidos falló contra Argentina en la causa por la expropiación de YPF

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes el pedido del gobierno de Mauricio Macri de terciar en el juicio del estudio de abogados británico Burford Capital por 3.500 millones de dólares contra la Argentina e YPF por la estatización de la petrolera en 2012.

El máximo tribunal de ese país no hizo lugar al certiorari interpuesto por los abogados que representan los intereses locales, tanto de la empresa como de Cambiemos, encabezados por el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y por Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, director de YPF y uno de los principales nexos con el sector judicial del Gobierno.

Ahora la causa comenzará su proceso en uno de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, una jueza de primera instancia que anteriormente ya falló en contra de los intereses locales hace tres años.

Los abogados argentinos alegaron derechos soberanos y querían traer el juicio al país. Dicen que el Estado expropió porque es una de sus facultades y que, además, fue un tema que aprobó el Congreso.

El estudio Burford Capital, al que muchos equiparan por su estilo con un «fondo buitre» y que representa a dos accionistas minoritarios de la petrolera al momento de la nacionalización, argumenta que como YPF cotiza en Wall Street corresponde reclamar en ese país.

Alega que el Estado debería haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) para extender el arreglo que cerró con el accionista mayoritario de entonces, Repsol, a los demás (Burford litiga en nombre de Eaton Park y de dos empresas españolas quebradas, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que desde antes de empezar la demanda ya no pertenecían al grupo homónimo local).

Hace pocos días, la causa tuvo otro revés no esperado para el país cuando el solicitor general de Donald Trump, Noel Francisco, fue consultado por la Corte y expresó –en una opinión no vinculante– que el caso tenía que seguir en EEUU. La autoridades locales descontaban una opinión favorable a los intereses del país dada la cercanía personal entre Trump y Mauricio Macri, pero eso no pasó.

Ahora el caso vuelve a manos de Loretta Preska, quien tenía en stand by la causa hasta que la Corte Suprema decidiera la cuestión de jurisdicción. La jueza que reemplazó a Thomas Griesa y que también tiene otras causas contra el país (de holdouts, por ejemplo) podrá pedir medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio. Es lo que se conoce como discovery y que determina a partir de dónde se investiga y otras cuestiones procesales. Es el marco de la causa: un tema nada menor para las partes involucradas.

Según trascendió, los abogados locales van a presentar otra medida cautelar e insistir con que fue una medida soberana y que todo debe tramitarse en Argentina. Una forma más de intentar dilatar la causa a la que Preska seguramente contestará con un «no hay lugar».