El juez federal Sebastián Ramos ordenó la inhibición general de bienes de la actriz Andrea del Boca y del ex ministro de Planificación Julio De Vido, ambos procesados por «defraudación al Estado» por la novela Mamá Corazón, que se hizo con fondos oficiales y que nunca salió al aire. También, el magistrado ordenó saber si la actriz sobrefacturó los precios para la filmación de su obra.
Por eso, Ramos ordenó a la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) que informe «si aquellos bienes, servicios, locaciones de servicio y/o locaciones de obra que fueron efectivamente contratados por la firma ‘a+A Group SRL’ para la producción de la telenovela ‘Mamá corazón’ guardan correlato con los costos de mercado a la fecha de su adquisición». Si no fueran los valores de mercado, el juez pidió saber cuál debería ser el precio adecuado, para estimar la eventual sobrevaloración de lo que se le pagó a Andrea del Boca, indicaron hoy a Infobae fuentes judiciales.
La Justicia también inhibió los bienes
del ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta;
la ex titular del INCAA, Liliana Mazure;
Nadia Jacky, directora de Tostaki
(por la serie El Pacto), otros dos
directivos de la UNSAM y tres ex
funcionarios K.
Las medidas dispuestas por Ramos son consecuencia del fallo firmado hace dos semanas por la Cámara Federal, cuando confirmaron los procesamientos de De Vido, Del Boca, de Carlos Ruta -ex rector de la UNSAM, otro de los embargados en $60 millones-, la ex directora del INCAA Liliana Mazure y el ex director general de Administración de Planificación, Luis Vitullo, entre otros. El fallo también dejó firme los embargos de $50 millones a Andrea del Boca; y de $60 millones al ex funcionario.
En ese marco, el juez Ramos ordenó ahora la inhibición general de bienes. Libró así oficios «al Banco Central de la República Argentina, al Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA y de la Provincia de Buenos Aires, al Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, a la Comisión Nacional de Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina, al Registro Nacional de Aeronaves de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina, a la Bolsa de Comercio, a la Inspección General de Justicia y al Registro de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires».