El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó al ex ministro de Energía Juan José Aranguren y otros siete ex funcionarios para ser investigados por las presuntas irregularidades en el aumento del precio en la comercialización del gas que fue afrontado por los usuarios, durante la gestión de Mauricio Macri.

Para iniciar la causa el fiscal solicitó las primeras medidas de prueba. Junto con Aranguren también fueron imputados Mauricio Ezequiel Roitman, ex presidente del ENARGAS; Daniel Alberto Perrone, Carlos Alberto María Casares, Griselda Lambertini y Diego Fernando Guichón, ex directores del ENARGAS; Marcos Pourteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Marcela Paula Valdez, ex gerenta de Legales del ENARGAS.

El hecho que se investigará se inició en noviembre de 2017 cuando el Ministerio de Energía convocó a todos los productores y distribuidores de gas para fijar bases y condiciones de la comercialización de Gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PITS ) y establecer por dos años precios uniformes y contratos a un tipo de cambio variable en dólares.

Según la denuncia, presentada por el actual titular del ENARGAS, Federico Bernal, ese tipo de contrarios fue “inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.

En octubre de 2018 el Ministerio, ante la devaluación del peso, buscó variar el valor del tipo de cambio para que fuera pagado por los usuarios y en cuotas y la diferencia abogada por el estado nacional. “Las propias distribuidoras al momento de exponer sus pretensiones de traslado de diferencias habían propuesto para su recupero un plan de 24 cuotas y el ENARGAS había promovido el traslado al usuario de la variación cambiaria pagadera en 24 cuotas, incumpliendo las obligaciones legales del Ente”, explicó el fiscal.

Así, el Estado Nacional habría asumido mediante el decreto 1053/2018 “el pago de $ 24.524.715.128,43 correspondientes a las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor de gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregado en ese mismo período”.

Bernal explicó que el Ejecutivo podía fijar los precios de las tarifas del gas gracias a la emergencia económica. Pero esta llegó a su fin en diciembre de 2017 y debería haber comenzado a regir la libre negociación de los precios. Sin embargo, según el actual interventor, Aranguren convocó a las empresas «a firmar un pacto y les dijo que como terminaba la emergencia y entraba a regir el marco regulatorio ‘necesitamos una transición de dos años de precios en dólares'». «Esto viola la ley de gas y el marco regulatorio», sostuvo el titular de ENARGAS.

«Acá hay dos perjuicios: por un lado la estatización de la deuda que se genera entre productoras y distribuidoras que hizo Mauricio Macri al firmar el DNU 1.053, por un monto de USD 393 millones que se dividen en treinta cuotas y de las cuales solo pagó una; pero también hubo un perjuicio por USD 168 millones para los usuarios, que fue lo que saltó el valor de las tarifas cuando Aranguren firmó el pacto con las empresas», explicó el interventor.