La causa por los cuadernos de Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, ayer sumó tres detenidos: el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, el dueño de Servicios Vertúa, Raúl Vertúa, y el exdirector ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti.
Además. el juez Bonadío también ordenó arrestar al exsecretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti. El magistrado tomó esa decisión debido a los datos que aportó la confesión del ex presidente de la cámara de la construcción, Carlos Wagner.
Fuentes cercanas al juez Bonadío
no descartaron nuevas detenciones
que surgieran de las declaraciones
de Wagner y los otros empresarios
detenidos.
Vertúa ganó la licitación para construir el gasoducto del Noreste, la obra pública más grande del país, que uniría con 1.500 kilómetros de caños el conducto entre Bolivia y Santa Fe. Servicios Vertúa obtuvo el primer tramo en Salta, cobró $ 733 millones, pero abandonó la obra.
En marzo, el fiscal Carlos Stornelli había pedido la detención de Lascurain al juez federal Luis Rodriguez porque junto a otros «cobraron un anticipo de 50 millones de pesos» por una obra de 500 millones que nunca se inició.
En el 2012, la Justicia había sobreseído Uberti, titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el Gobierno de Néstor Kirchner, en la causa por el intento de ingreso ilegal de una valija con 800 mil dólares por parte del empresario venezolano Guido Antonini Wilson en 2007.
En los próximos días, el juez también dispondría otras detenciones en la medida que confirme los dichos de Warner quien ingresará como «arrepentido».
En su declaración, Wagner aseguró que fue Julio De Vido quien implementó el sistema ilícito que funcionó durante más de 12 años y movió alrededor de U$S 200 millones, según calculan los funcionarios judiciales.
La declaración del empresario fue de “gran relevancia para la causa”, según indicaron, ya que fue el primero que habló de coimas y explicó cómo funcionaba la “cartelización de la obra pública”. El sistema comenzó después de que en una reunión De Vido les comentara a los empresarios que “debía funcionar de esa manera y que quien quisiera participar debía ajustarse a las reglas”. “No era importante quien ganaba, el sistema funcionaba con las empresas que eran parte de él”, agregó Wagner.
Wagner explicó que «De Vido había
organizado el sistema de licitaciones
truchas para las obras públicas en las
cuales las empresas debían retornar
un porcentaje a la política».
Con la intención de controlar como se distribuían los contratos ya se acordaba de antemano “quienes se presentaba y cómo ofertaban” las compañías. Los ganadores eran arreglados por las propias empresas y debían entregar “un retorno del 10 a 20% a la política”. Al contar esto el acusado confirmó que se trataban de “coimas”, el primer arrepentido en utilizar esa palabra. Además admitió que su empresa Esuca SA, las pagó. Además señaló que tras ganar las licitaciones el pago era acordado con José López o Roberto Baratta, confirmando su participación en la asociación ilícita.
La declaración de Wagner fue aceptada por el fiscal quien lo convirtió en un arrepentido a cambio de la información veraz a pesar de ser considerado como un partícipe necesario de la actividad delictiva en la cual habría aportado un total de U$S 1,5 millones.