En los próximos días se va a conformar el organismo federal que tendrá a su cargo el relevamiento de inmuebles en todo el país para actualizar su valor fiscal, tanto de los rurales como de los urbanos. Esa tarea, acordada entre el Gobierno nacional y las provincias el año pasado, deberá estar lista en dos años. 

Cuando el presidente Mauricio Macri y los 24 gobernadores y jefe de Gobierno firmaron, en noviembre del año pasado, el Pacto Fiscal, acordaron hacer un relevamiento de los inmuebles en todo el país, que en algunos distritos están retrasados respecto de los valores de mercado. A esto se suman, deducen los gobiernos, la existencia de millones de metros cuadrados construidos pero no declarados.

Pero también supone el aumento de tasas municipales y del impuesto inmobiliario, una medida muy cuestionada desde distintos sectores.

El consenso fiscal cumple este mes un año, lo que evidencia el retraso en la puesta en marcha del revalúo fiscal. Con la presión del compromiso firmado con el FMI, ahora se aceleraron los tiempos.

Es que la Nación recortará los fondos que enviaba a las provincias (como el subsidio al transporte y el Fondo Sojero), pero como compensación abrió la puerta para que los distritos refuercen su recaudación. Aquí entran el impuesto inmobiliario rural y el urbano, así como bienes personales. Esos tres tributos están atados a la valuación de los inmuebles.

El Gobierno nacional avanza para conformar el próximo miércoles 21 un superorganismo federal que tendrá como objetivo «lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial», según el decreto que firmó el presidente Mauricio Macri por el que se creó el organismo.

El impacto concreto que tendrá el revalúo es el impacto en lo que se tributa de tasas municipales, en el impuesto inmobiliario que cobran las provincias y en bienes personales.

Muchas propiedades que hoy no están gravadas, pasarían a estarlo después de este relevamiento nacional. A la vez, muchas que tienen declarados menos metros construidos de los efectivamente realizado, también verán un reajuste.

El impacto podría ser muy grande en virtud del retraso de las bases de datos. Para atenuar las futuras facturas impositivas, las provincias podrían optar por ajustar hacia abajo la alícuota que cobran, un dato que trascendió en los últimos días de la semana pasada.

El organismo nacional funcionará en el ámbito del Ministerio del Interior, cuyo titular Rogelio Frigerio fue uno de los grandes negociadores del presupuesto nacional.

Homogeneidad

En el Gobierno rechazan que detrás del revalúo haya un nuevo golpe contra la clase media. Aseguran que el objetivo no es recaudatorio sino uniformar los procedimientos que se aplican a lo largo y ancho del país para valuar los inmuebles y generar mayor equidad entre todos los contribuyentes.

«Que todos tengamos valuaciones homogéneas y con valores parecidos por región. Hoy una casa en Jujuy parecida a una de Salta tiene una valuación muy dispar», dijo Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior. Caldarelli especificó que las provincias pasarán a tener la «información linkeada con el registro de propiedad inmueble y con rentas».

El trabajo será amplio y extenso. Según el censo de 2010, en aquel momento en la Argentina había 13.835.751 viviendas. Datos más actuales que manejan en Interior detallan que hay en el país 330.000 lotes rurales y 16 millones de parcelas urbanas catastradas (el 90% de éstas tienen construcciones).

El nuevo organismo estará integrado por representantes de la Nación y de las provincias. Lo primero que deberán hacer es fijar un plan de trabajo. Luego, deberán consensuar una metodología y homogeneizar la forma en que los catastros de las jurisdicciones tomarán el valor de las propiedades.

«Es la primera vez que en Argentina se hará un catastro homogéneo y equitativo», subrayó Teresa Iturre, coordinadora de Proyectos y Tecnología de la Secretaría de Provincias.