La tensión en Venezuela sigue en aumento. Ahora, porque la Asamblea Constituyente despojó de su inmunidad al jefe parlamentario y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, autorizando de esa manera al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones, tal como anunció Diosdado Cabello, presidente del órgano que rige en Venezuela.
El Tribunal Superior de Justicia abrió el pasado 29 de enero una investigación contra Guaidó acusándolo de usurpar las funciones del mandatario Nicolás Maduro, quien además lo acusa de planear un atentado en su contra. «A veces tarda la ley, pero en este caso va a llegar», advirtió Cabello, número dos del chavismo, al cerrar el debate en el Palacio Federal Legislativo.
Creen que atacándonos van a acabar con la esperanza.
Si el régimen se atreve a secuestrarme y dar un golpe de Estado, vamos a actuar con contundencia. Al dictador solo le queda la fuerza bruta, a nosotros la fuerza de un pueblo decidido a lograr el cese de la usurpación.
— Juan Guaidó (@jguaido) April 3, 2019
La Constitución establece que el TSJ es la «única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional», la detención y continuar el enjuiciamiento de los parlamentarios. «Estamos actuando en base a la Constitución», subrayó Cabello.
No nos detendremos ante la amenaza. Este sábado llamo a la protesta estratégica y organizada en toda Venezuela.
Vamos a insistir en protestar cuando se vaya la luz o no haya agua, en la #OperaciónLibertad y en lograr el cese definitivo de la usurpación.
¡No hay vuelta atrás!
— Juan Guaidó (@jguaido) April 3, 2019
En ese sentido, el punto primero del decreto establece: «Autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano, diputado a la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
El mencionado artículo 200 de la Constitución venezolana establece que los diputados tendrán inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá «en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento».