El Gobierno remitió este martes al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 para autorizar el acuerdo de «facilidades extendidas» con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene como objetivo cancelar las deudas con el Banco Central y fortalecer las reservas.
El Gobierno aceleró el envío al Parlamento pese a que tenía diez días hábiles para comunicar su decisión al Congreso dado que quiere apurar la aprobación de ese DNU en la Cámara de Diputados, ya que con el aval de una sola cámara logra blindar el acuerdo que firme con el organismo internacional.
Esto es así ya que la ley 26122 de DNU establece que con el respaldo de una sola cámara queda firme esa medida del Gobierno Nacional, a diferencia de una ley que requiere el aval de las dos cámaras del Congreso.
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Ahora, la Comisión Bicameral de Tramite Parlamentario, que preside Juan Carlos Pagotto, deberá convocar para debatir ese DNU y tendrá diez días hábiles para emitir el respectivo dictamen, que luego se deberá tratar en el recinto de sesiones.
De acuerdo al DNU, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas «tendrán un plazo de amortización de 10 años con un período de gracia de cuatro años y seis meses».
También fijan que se destinarán a cancelar «las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central» y «las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo».
La definición en el Congreso
La primera arena en donde se tratará el DNU será Diputados. La idea es que todo se defina allí, ya que en el Senado las chances son mucho más escasas: no solo que Unión por la Patria tiene 34 de 72 bancas en su favor (casi de la mitad del recinto), sino que La Libertad Avanza tiene una ultraminoría de seis bancas. Allí el escenario está atravesado por la disputa de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Por lo pronto, es de esperarse que las definiciones de los bloques se hagan cada vez más nítidas con el pasar de los días, ya que todos esperaban que primero saliera el DNU como para dar un posicionamiento.
Unión por la Patria fue el primer espacio en afirmar que no acompañará el DNU por resultar «ir contra la Ley Guzmán y a las normas constitucionales»; y, además, por «no especificar el monto, no aclara el destino de los fondos, la tasa de interés, ni prevé una excepción de financiamiento de fuga de capitales.
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Vinculado a este tema, hay algunos funcionarios en el gobierno que afirman que ciertos legisladores no tan aliados podrían abstenerse, ausentarse e incluso apoyar el DNU. «Si la calificación crediticia de Argentina baja producto del volteo del acuerdo, los bonos y la deuda subnacional se va a hacer pelota. No creo que a muchos gobernadores les guste ese escenario».
Esa puesta en duda todavía no fue verificada entre la totalidad de los diputados de su bloque. Incluso, hay una parte no menor que responde a Patricia Bullrich o se muestra muy cercano a la Casa Rosada y que -dicen- de ninguna manera votaría en contra.
La defensa de Caputo
Horas después de que se publicara el DNU, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que será clave para bajar la inflación.
“Es la primera vez que se hará un acuerdo con el Fondo para reparar el daño que la política le ha provocado a los ciudadanos vía el abuso del gasto público y consecuente déficit fiscal”, expresó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.
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En ese sentido, Caputo afirmó que el nuevo programa ayudará a solucionar “el problema de los stocks (déficits acumulados del pasado), que derivaron en la apropiación de las reservas del Banco Central vía deuda del Tesoro Nacional”.
“Saneado el desequilibrio del flujo y del stock, podremos finalmente terminar de derrotar la inflación y emprender un sendero de crecimiento económico sostenible en el tiempo”, remarcó.