Ni el mensaje del presidente Mauricio Macri ni las declaraciones del jefe de Gabinete Marcos Peña alcanzaron por ahora para desactivar el avance opositor con el proyecto que retrotrae las tarifas a noviembre del año pasado, establece que las subas no podrán ser superiores a los aumentos salariales y restituye los subsidios a Buenos Aires.

Esta tarde, una vez finalizada la reunión del interbloque Argentina Federal, que conduce Miguel Pichetto, un vocero de ese sector afirmó: «El interbloque decidió avanzar mañana en el recinto con la media sanción de Diputados» de la ley que busca frenar el aumento de tarifas.

El Gobierno considera inconveniente la ley porque entiende que las tarifas deben seguir subiendo para reducir los subsidios y que el sector energético realice inversiones.

La oposición, en cambio, considera que los aumentos tarifarios son desmedidos, pero de todas maneras impulsa una ley que tendrá aplicación efectiva en todo el país únicamente sobre el gas, que es el único servicio que está concesionado a empresas privadas por el Gobierno nacional.

Aunque legisla también sobre el agua y la luz, la ley no tendrá efecto en el interior del país pero sí en la Ciudad y parte de la provincia de Buenos Aires, donde operan Edesur y Edenor, que también tienen concesión nacional.

Con el agua, lo mismo: la ley alcanza a AySA, que pertenece al Estado nacional pero presta el servicio únicamente en Buenos Aires. En el interior las prestadoras pertenecen en buena parte a los estados provinciales.