El gobierno nacional extendió hasta el 30 de septiembre la prohibición de los despidos sin causa y las suspensiones unilaterales, que dejaba de regir el 31 de julio, en el marco de la crisis por el avance del coronavirus.

De esta manera, el Ejecutivo se inclinó a favor de los reclamos sindicales y despejó la inquietud que existía respecto de la caída del instrumento en conflictos como el de la línea aérea LATAM.

El DNU tendrá las mismas características que el primero dictado en la cuarentena, el 329/2020, que rigió hasta mayo, y el que ordenó continuar con la cobertura hasta fin de este mes: prohíbe “efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” por 60 días más, es decir hasta fin de septiembre, y también “efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”.

Al igual que en las anteriores ocasiones quedarán exceptuadas de la prohibición las suspensiones acordadas con el sindicato correspondiente.

El Gobierno prorrogó por 60 días la suspensión de despidos

La prórroga de la prohibición de despidos terminó de resolverse hoy con la circulación del DNU entre los ministerios para complementar la firma de Alberto Fernández y luego de que la cartera laboral, de Claudio Moroni, elaborara el borrador de la norma. Fuentes de la cartera laboral no descartan que vuelva a prorrogarse si la aguda crisis económica producida por la cuarentena obligatoria, sobre todo en el AMBA.

El reclamo a favor de la continuidad de la norma estuvo al tope de negociaciones discretas de la CGT pero formaba parte de la agenda del grueso del sindicalismo argentino a raíz de la crisis en el mercado laboral derivada de la pandemia.

Los DNU que prohíben los despidos abarcan a todos los trabajadores dependientes y no excluyen a los que disponen de regímenes especiales, como la construcción o trabajadoras de casas particulares.

Por esa razón, la Justicia aprobó varias medidas cautelares (Córdoba, Mendoza, Rio Negro) declarando «que a los trabajadores de la industria de la construcción regidos por la Ley 22.250 también los alcanza la protección de estabilidad propia temporaria establecida por el DNU 329/2020». Y ordenan “la nulidad de la extinción del vínculo laboral dispuesto por las empresas constructoras” y  «la reinstalación del trabajador a sus tareas y en las condiciones que se prestaban”.