Tras el anuncio de la compra de pistolas Taser para personal de seguridad en aeropuertos y trenes, el Gobierno busca avanzar con otros proyectos en materia de seguridad como el envío al Congreso del nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto que contempla la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años de edad para los delitos más graves.
Según publicó Clarín este domingo, este proyecto volvió a salir del cajón en el momento en que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministros de Justicia, Germán Garavano, lo trataron en el cónclave del viernes encabezada por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña (por la ausencia de Macri por sus vacaciones), en la Casa Rosada.
Bullrich había planteado que la edad imputabilidad se bajara a 14 años, pero finalmente se dio conformidad a un límite más moderado, de 15.
Este proyecto, que vendría a reemplazar a la Ley 22.278 vigente desde 1980 en plena dictadura, prevé un sistema de escalas: a los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.
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En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
El único punto que Macri deberá definir antes de enviar el proyecto es en torno a los plazos máximos para la aplicación de la ley, que prevé la creación de un Fuero de Menores y establecimientos donde alojar a los jóvenes privados de su libertad. Para eso el gobierno propone que se conforme una “Comisión de Implementación”.
Los puntos principales del proyecto:
– Artículo 50: establece 15 años el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.
-Se incorporan «mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos», como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.-En los casos que la “investigación preliminar” determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.