El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció esta tarde que el Gobierno decidió disolver la AFIP y crear, en su lugar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dependerá del Ministerio de Economía.
La novedad fue dada a conocer por Adorni en una conferencia de prensa y a través de un comunicado que difundió la Oficina del Presidente.
“El Gobierno les anuncia muy felizmente que a partir de hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos más conocida como AFIP dejará de existir”, expresó Adorni. Este organismo, según explicó, tendrá una estructura simplificada, ya que va a reducir en un 45% las estructuras superiores, “casta política”, comentó el vocero, y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual. “En total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos”, resumió. Este recorte supone un ahorro de 6.400 millones de pesos.
El comunicado apuntó que serán desvinculados unos 3.155 agentes que ingresaron a la entidad de forma irregular durante “el último gobierno kirchnerista”, lo que significa “un paso imprescindible para desmantelar la burocracia innecesaria”.
La directora del ARCA será Florencia Misrahi, mientras que Andrés Gerardo Velázquez asumirá al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) y José Andrés Velis, como titular de la Dirección General de Aduanas (DGA). Reemplazarán, respectivamente, a Gabriel Ramírez y Eduardo Mallea.
Asimismo, reducirá los salarios de los altos cargos del organismo, que pasarán a cobrar salarios similares a los de un ministro de la nación o un secretario. “El titular de AFIP y los Directores de DGI y DGA dejarán de cobrar la cuenta de jerarquización. Pasarán a cobrar sueldos equiparables a los Ministros y Secretarios. La medida se funda en el actual sobredimensionamiento de su estructura que ha mostrado limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades aduaneras”, se detalló desde Casa Rosada.
En concreto, hoy la titular de AFIP cobra un salario aproximado de $32 millones y pasará a cobrar los mismo que un ministro, cuyo sueldo es de $4 millones. En el caso de los Directores al frente de Impositiva y de Aduanas, hoy con un ingreso mensual de $17 millones, pasarán a cobrar igual que un secretario de Estado.
El Gobierno busca ahora establecer sistemas de control y evaluación más precisos y focalizados, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas “en pos de una gestión pública más eficiente y orientada a resultados”. También “garantizar mayor y mejor recaudación, así como un mejor control aduanero”.
Antecedentes
Hace poco, el gobierno ya había empezado a achicar la estructura de la AFIP. El Decreto 559, publicado el 3 de julio último, estableció una reestructuración significativa dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el objetivo de modernizar los controles fiscales y previsionales en el marco de las nuevas leyes de moratoria y blanqueo. Aquella medida centralizó las funciones de fiscalización impositiva y previsional en el área metropolitana, concentrando las actividades bajo la Dirección General de Impuestos (DGI), un modelo que ya se había implementado en delegaciones de AFIP en el interior del país.
Uno de los efectos clave de aquél decreto fue la eliminación de diversas estructuras jerárquicas. Se suprimieron tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otras jefaturas, lo que implica una reducción organizacional sin afectar al personal. Los aproximadamente 700 empleados de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social se incorporaron a la DGI, reforzando su equipo de fiscalización, que hasta el momento contaba con unos 1.000 agentes. Esta integración tuvo como finalidad optimizar los controles y prepararse para la implementación de las medidas fiscales dispuestas por el Gobierno.
Otro aspecto importante del Decreto 559 es que, aunque eliminó ciertos cargos, mantuvo dentro de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social las tareas de distribución de fondos a los subsistemas de seguridad social, la comunicación con instituciones públicas y privadas en este ámbito, y la investigación de casos de trata de personas.