El presidente Alberto Fernández derogó este jueves el decreto que transformó el Programa de Protección a Testigos e Imputados en una Agencia autárquica integrada por representantes de los tres poderes del Estado, creada por Mauricio Macri a pocos días de terminar su mandato.
El 28 de noviembre pasado, Macri creó una agencia y dispuso que sea conducida por un funcionario con rango de director nacional, propuesto por el Ministerio de Justicia y elegido por el Poder Ejecutivo Nacional; y por un consejo consultivo compuesto por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y un representante de la Procuración General de la Nación y otro del Ministerio de Seguridad.
Entre los argumentos que enumera el texto del decreto que firmó Fernández se recuerda que la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció sobre el decreto y expresó su preocupación “por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales” de esa cámara.
Por otro lado, sostiene que cuando Macri tomó la decisión “no existieron circunstancias excepcionales” para firmar el DNU, según prevé el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional para evitar el trámite ordinario para la sanción de una ley en el Congreso.
“No se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta”, argumenta el texto. Y recuerda que el programa “se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior“.
Por ese motivo, apunta se debe “restablecer el diseño institucional del programa, tal como fue creado por la ley que le dio origen”. Es decir, por la 25.764, de 2003, y la 27.304, del «colaborador eficaz» sancionada en 2016 bajo el gobierno anterior. De esta manera, y aunque no se avanzó en la puesta en marcha de la Agencia, desde lo formal el programa volverá a quedar bajo la órbita del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia que conduce Marcela Losardo.
La decisión de Macri se dio luego de que, tras el triunfo del Frente de Todos en las elecciones del 27 de octubre, un grupo de testigos transmitiera su preocupación ante el recambio de gobierno, ante la posibilidad de que se filtraran datos sobre su paradero y fuera eje de represalias por parte de ex -y actuales- funcionarios perjudicados por su testimonio.
Lo concreto es que el Programa de Testigos e Imputados cuenta con más de 200 personas bajo este régimen, pero apenas unos 15 testigos que ingresaron en el marco de investigaciones de corrupción como Ciccone o la causa de los cuadernos.