El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró la emergencia penitenciaria por el término de tres años, Según datos oficiales, en tres años, hay 3500 presos más y desde la Cámara del Crimen aseguraron hace unas semanas que las cárceles «no son aptas para la condición humana». En este marco, desde el Gobierno vieron la necesidad de conformar una Comisión de Emergencia, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Justicia, para combatir esta problemática. Así, los integrantes de la comisión deberán reunirse quincenalmente hasta que termine el plazo declarado como emergencia.

La comisión estará conformada por el Ministerio de Germán Garavano, un representante de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y una persona en nombre de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, también invitaron al Ministerio del Interior, Hacienda y Seguridad a que participen.

Según la medida, este grupo tendrá por objetivo analizar la situación actual y “facilitar la coordinación entre los diferentes órganos del Estado intervinientes en la materia penitenciaria federal para la elaboración de propuestas de políticas públicas”. De esta manera, las problemáticas principales que necesitan resolver se relacionan a el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario, las condiciones de los presos y tratar de implementar medidas alternativas a la privación de la libertad en grupos vulnerables.

Además, desde Justicia también invitaron a participar con un representante en la comisión a la Corte Suprema, a la Cámara de Casación Penal, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, a la Procuración Penitenciaria, a la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de Defensa y a la Procuración General de la Nación.

“El déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el Servicio Penitenciario, puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria”, manifiesta el texto oficial. En este sentido, desde el Gobierno manifiestan que “garantizar la plena observancia de los derechos y garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad, corresponde declarar la emergencia en materia penitenciaria”.