Luego de las más de 300 medidas incluidas por Javier Milei en el amplio Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía, muchas de ellas relacionadas con reformas laborales, el Gobierno adelantó que en los primeros días de enero convocará al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

La información fue anticipada por el secretario de Trabajo, Omar Yasín, quien comunicó, además, que “en estos días” habrá un llamado a paritarias del sector público.

«Vamos a convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, posiblemente en los primeros días de enero», aseguró Yasín antes de considerar que “habrá que aumentarlo en un porcentaje bastante considerable”. “Vamos a ver qué piden las partes”, comentó.

La convocatoria se producirá en medio de un amplio debate sobre las modificaciones laborales que el Presidente incluyó en su megadecreto desregulatorio, que fueron rápidamente rechazadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), varios sindicatos y asociaciones de abogados laboralistas.

Entre ellas, están incluidas la reforma de 26 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y una restricción del derecho a huelga.

En defensa de estas medidas, Yasín argumentó: «El contenido del capítulo laboral tiene por objeto la generación de empleo y la creación de un estado de certidumbre y previsibilidad para el empleador y trabajador, para motivar la generación de más fuentes laborales».

Entre los cambios más destacados, se encuentra la ampliación del período de prueba de empleo y la exclusión de ciertos vínculos de la Ley de Contrato de Trabajo.    

Sobre el tema de las indemnizaciones y multas por empleados no registrados, el secretario indicó, en declaraciones a Clarín, que «las multas no hacen previsible la relación laboral para los empleadores». «No tuvieron el resultado esperado porque el empleo informal sigue creciendo», precisó.    

Respecto a la limitación del derecho a huelga, el funcionario aclaró que “no se modifica”. “Lo que se hace es preservar a la población de los efectos de una medida de fuerza”, aseguró.

Esta postura busca garantizar servicios mínimos en sectores esenciales, como transporte y salud, explicó el abogado laboralista y amigo personal de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La CGT ha manifestado su preocupación por las iniciativas que comenzarán a regir a fines de diciembre y no descartó la posibilidad de convocar a un paro general tras la marcha a Tribunales que llevará a cabo el próximo miércoles.

A pesar de estas reacciones, Yasín sostuvo que las medidas pretenden mejorar el mercado laboral: “Entendemos que no son justificadas las reacciones de la CGT, ya que se está haciendo uso de una herramienta constitucional, el Decreto de Necesidad y Urgencia”.