El Fondo Monetario Internacional recomendó hoy a la Argentina frenar la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja, profundizar la reducción del gasto público y postergar aspectos de la reforma tributaria, como parte de una serie de medidas para mejorar la situación fiscal del país.
Se trata de un informe que los técnicos del FMI presentaron al Directorio del organismo para la aprobación el mes pasado del acuerdo stand by para la Argentina por 50.000 millones de dólares.
En el «staff report«, para lograr disminuir el déficit primario y llevarlo a 2,7% del PBI este año y a 1,3% en 2019, proponen retrasar la implementación de partes de la reforma tributaria aprobada recientemente hasta 2020 como un medio para preservar los ingresos.
En 125 páginas, el staff del FMI trazó una descarnada hoja de ruta del ajuste fiscal que deberá aplicar el Gobierno en los próximos años: despido de empleados públicos, tope de aumento salarial del 8% para 2019 y aplazamiento de rebajas de impuestos.
— Alejandro Bercovich (@aleberco) July 13, 2018
También sostienen que habría que «mantener la tasa promedio de impuestos a la exportación en productos de soja en 25,5%». Las retenciones a la soja son hoy de 26,5% para la exportación del poroto y de 23,5% para los subproductos y derivados.
El presidente Mauricio Macri ya dijo que no se tocará el cronograma de baja de esas retenciones.
Recomiendan, además, «vender tierras y amortizar los activos de los fondos de pensiones que actualmente tiene el Gobierno para financiar parcialmente el pago del gobierno de los reclamos de pensiones pasadas».
Además, pide acelerar la reducción de subsidios y recortar el gasto, aunque da detalles de que habría que disminuir «la masa salarial mediante la reducción del empleo público a través del congelamiento a los ingresos en la administración nacional (excluyendo universidades) para 2019 y 2020».
Los principales ejes relevados en el documento oficial:
- Mantener «la tasa promedio de impuestos a la exportación de productos de soja» en 25,5%.
- Demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias).
- Reducir aún más los «subsidios ineficientes a la energía y el transporte».
- Racionalizar el gasto público en bienes y servicios, con una baja del 15% en términos reales y continuando en 2019.
- Recortar el gasto en salarios en el Estado mediante un recorte de «empleados no prioritarios» en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades.
- Limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
- Recortar las transferencias a empresas del estado un 15% en 2019, y realizar esfuerzos para fortalecer su posición financiera.
- Reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
- Recortar un 0,6% del PBI el gasto en capital, a la espera de que los proyectos en la modalidad PPP (participación público privado) permita mantener el nivel de actividad en la obra pública.
- Vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones.