El Gobierno nacional autorizó la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), que es el documento que establece los lineamientos centrales de la política de Defensa Nacional. Lo hizo hoy mediante su publicación en el Boletín Oficial y el mismo dia en que el Senado debatirá en comision un proyecto de ley que autoriza la salida del personal militar y medios del territorio nacional y el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la realización de los ejercicios combinados estipulados en los anexos.
Esta decisión de la gestión de Mauricio Macri, generó tensión en la sociedad y algunos integrantes de la oposición, quienes no se mostraron de acuerdo con los nuevos lineamientos que se relacionan al rol que tendrán en la sociedad las Fuerzas Armadas, trayendo a la memoria, la parte más oscura de la historia Argentina. Desde que este proyecto salió a la luz ya se han realizado marchas y diferentes reclamos en contra de este Decreto.
El nuevo marco normativo establece,
entre otras cosas, que las Fuerzas
Armadas pueden dar «apoyo a la
comunidad» sin aclarar que tipos de
tareas pueden realizar y cuales no.
En esta determinación del gobierno, se destaca que, el marco normativo vigente contempla entre las modalidades de empleo del Instrumento Militar una serie de responsabilidades, como parte del Sistema de Defensa Nacional o en colaboración con otras áreas del Estado, en operaciones en apoyo a la seguridad, apoyo a la comunidad y a la política exterior. Si bien estas actividades tendrán injerencia de las Fuerzas Armadas para colaborar en su cumplimiento, estas no dejarán de lado su principal función que es la de mantener al país a salvo en caso de ataque exterior.
De esta manera, el Poder Ejecutivo, estableció como objetivos prioritarios para la gestión de gobierno la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la pobreza y la unión de los argentinos. Si bien estos objetivos están bajo la responsabilidad principal de otros Ministerios, en virtud de su naturaleza, la envergadura de los mismos exige la colaboración de todas las áreas del Estado, entre las que se incluyen las Fuerzas Armadas.
Asimismo, según lo establecido por este Decreto, el proceso debe promover el mejoramiento de las capacidades requeridas para la Defensa Nacional, conforme las previsiones estratégicas de corto, mediano y largo plazo. Así, resulta necesario una modernización militar que prioricen el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, como también de vigilancia y control de los espacios.