La Asociación Civil de Diabetes Argentina (ADA) denunció demoras en la entrega de medicación, cese de prestaciones y reducción en el porcentaje de cobertura del 100% al 70 ó al 40%, que afecta los cuatro millones y medio de argentinos que tienen diabetes en nuestro país, tanto los que tienen obras sociales o prepagas como quienes se atienden en el sector público y acceden a su tratamiento a través de distintos programas.
Adriana Angelina,titular de ADA, manifestó su preocupación respecto de las trabas que encuentran los pacientes para acceder a todo lo que necesitan para controlar su enfermedad, cuya cobertura está garantizada por la Ley Nacional de Diabetes Nº 26914, vigente desde 2013: “A diario nos enfrentamos con idas y venidas en medio de un pantano adonde no podemos avanzar. En cada ventanilla nos dicen cosas diferentes y, muchas veces, en un marco de poco diálogo, poca escucha, intolerancia y violencia”.
“Quienes tenemos diabetes podemos hacer un esfuerzo muy grande para controlarla, siendo muy prolijos con la alimentación y con la administración de las medicaciones, pero muchos necesitamos no sólo insulina, sino otros medicamentos para vivir y para no presentar a futuro riesgo de ceguera, de infarto, de amputación de algún miembro. No son cuestiones menores para tomárselas a la ligera, se nos va la vida en esto, la salud no espera”, agregó.
“Parece mentira que tuviéramos
que remarcar que en el caso de
enfermedades crónicas como
ésta no se puede interrumpir los
tratamientos”.
La Ley de Diabetes vigente no sólo garantiza la cobertura de medicamentos y dispositivos para medir la glucemia, sino que además prevé una actualización cada dos años del listado de medicamentos y tecnologías que reconoce para poder ir incorporando las últimas innovaciones que mejoren el manejo de la enfermedad.
Hasta hace unos meses, el reclamo de ADA y otras organizaciones de la sociedad civil se centraba en lograr la actualización de la reglamentación prevista en la ley, porque hoy está contemplada la cobertura de algunas medicaciones que ya están obsoletas en todo el mundo menos aquí, y no cubre otras mucho más modernas y adecuadas para el tratamiento indicado. Tampoco considera algunos dispositivos para medir glucosa sin pincharse los dedos que están disponibles en nuestro país desde hace tiempo y que verdaderamente mejoran la calidad de vida significativamente. Además, permiten un control más preciso de la diabetes, ya que no sólo muestran el valor de las glucemias, sino que marcan las tendencias, que son vitales para actuar en consecuencia. Hoy, estos sensores sólo son utilizados por quienes los pagan de su bolsillo.
En estos días, se realizaron nuevas solicitudes de audiencia al presidente Mauricio Macri, a la Ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.
“Siempre queda la vía legal para reclamar lo que nos corresponde. Es antipática, costosa, engorrosa y muchos pacientes no están en condiciones de librar esas batallas contra sus sistemas de cobertura. Sin embargo, cuando los canales de diálogo y la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma no llevan a ningún lado y las medicaciones siguen sin aparecer, ¿qué otro camino tenemos para recorrer?”, se preguntó la presidente de ADA.
No sólo las personas con diabetes y sus familias están preocupadas por esta situación. Se han sumado a este reclamo sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Diabetes, integrada por médicos especialistas en el manejo de esta enfermedad de todo el país, quienes reconocen y experimentan a diario también las dificultades en el acceso a la salud de sus pacientes.
Desde ADA, reconocieron que sólo
el tiempo dirá si la reducción de
ministerios, que llevó el Ministerio
de Salud a rango de Secretaría,
repercute en una reducción de las
prestaciones en Salud en términos
de cantidad y calidad, pero en
primera instancia no parece una
medida alentadora.
La asociación está exigiendo ni más ni menos que el cumplimiento de la ley nacional de diabetes y denuncia que el acceso a los medicamentos e insumos es cada vez más restringido. También piden la urgente actualización de la reglamentación de la ley de 2013, prevista en forma bienal por la misma normativa, pero que no sucedió jamás y ya se está en el último trimestre de 2018.