El fiscal Juan Pedro Zoni, quien apuntó contra Mauricio Macri y la familia presidencial durante su investigación sobre el Correo Argentino, fue desplazado de la Fiscalía Federal 8 por Eduardo Casal, el procurador interino tras la salida de Alejandra Gils Carbó del cargo. Ahora, el letrado deberá asumir, el próximo 16 de abril, en la Fiscalía Correccional 34 de la Capital Federal.
Mediante la publicación de la Resolución 69/18, Casal revocó la designación Zoni en la Fiscalía Federal 8, en Comodoro Py, donde había sido dispuesto por Gils Carbó, primero como subrogante y luego como titular del tribunal. Además, «definió que quede a cargo de la Fiscalía Correccional, en donde deberá asumir hasta que su verdadero destino, la Fiscalía Federal 2 de Santiago del Estero, sea habilitada».
Vale destacar que Zoni, como titular de la fiscalía federal 8 de la Capital Federal, imputó al presidente Mauricio Macri por un presunto beneficio multimillonario a la empresa Correo Argentino. Pero ese no fue el único expediente polémico que llegó a sus manos, ya que además intervino en la causa por lavado de dinero contra el entorno del fiscal fallecido Alberto Nisman y el caso de tráfico de efedrina contra Ibar Pérez Corradi y funcionarios del Frente para la Victoria.
Es más, por esta última causa se le abrió un expediente al ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fermández, por supuesto enriquecimiento ilícito, siendo que, además, apuntó contra su colega Carlos Gonella, a quien consideró responsable de haber intentado proteger a Lázaro Báez. Ahora, el actual fiscal de Lomas de Zamora deberá abandonar la ciudad para encaminarse hacia Santa Rosa. Las razones, lejos de ser por el concurso en el que había presentado para General Pico, habría sido porque no hay fiscales en esa jurisdicción.
El fiscal habia imputado al Presidente
por un presunto beneficio multimillonario
a la empresa Correo Argentino.
Zoni es un funcionario con veinte años en distintas áreas del Poder Judicial y en el último tiempo avanzó en la causa que compromete a la empresa de la familia Macri e imputó al ministro de Finanzas Luis Caputo por la emisión de deuda a 100 años. Ese expediente fue luego remitido por el juez Ariel Lijo al juzgado de Julián Ercolini, al entender que había conexidad con otra investigación que tramita allí e involucra al ministro.
Para Casal la decisión de su antecesora fue «ilegítima» y es por eso destaco que «el magistrado debe estar cumpliendo funciones en un cargo para que pueda ser trasladado a otro«. «No puede pasar inadvertido que de admitirse el procedimiento que se ha seguido respecto del doctor Zoni, quedaría desvirtuada la finalidad de los procesos de selección y nombramiento de los integrantes de este Ministerio Público», explicó el procurador.