Dos de los tres partidos que conforman la coalición de Gobierno creen que el subsecretario que depositó USD 1,2 millones en Andorra debería dejar la función pública hasta que se esclarezca el caso.
El presidente Mauricio Macri recibió hoy varios reclamos de sus aliados para suspender transitoriamente al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, el funcionario que depositó USD 1,2 millones en un banco de Andorra, según una investigación publicada por el diario El País de España.
El diputado nacional del radicalismo Mario Negri pidió la «separación del cargo» del joven funcionario para que aclare su situación en la Justicia. «No es condena. La «vara» sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos», aseguró en redes sociales.
Los «lilitos» Fernando Sánchez y Paula Oliveto se pronunciaron en un sentido similar. Sánchez, integrante de la Jefatura de Gabinete, dijo que en una situación similar hubiera pedido licencia y analizó que «si se comprueba que hubo evasión de impuestos, sería un problema muy serio».
La legisladora fue más allá: «Yo hubiera renunciado para ayudar al Presidente. En el caso Gómez Centurión, el Presidente decidió correrlo hasta que se aclarara su situación procesal. Fue una decisión muy sana. Me parece que en el caso Díaz Gilligan habría que correrlo; es distinto».
El lugar donde se deben presentar los funcionarios a rendir cuentas es en la justicia. Debería tener un rol fundamental la Fiscalia de Investigaciones Administrativas. Hay que respetar la division de poderes.
— Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) February 17, 2018
Luis Juez, ex peronista, también fue muy crítico con el funcionario cuestionado, y fiel a su estilo «coloquial», dijo que «es una pelotudez decir que le estabas cuidando la plata a un amigo en un paraíso fiscal, yo le diría que se busque un abogado».
El viernes, la Oficina Anticorrupción notificó electrónicamente al funcionario Díaz Gilligan del inicio de un expediente para que el funcionario dé las explicaciones del caso. Según la ley de procedimientos administrativos, el funcionario cuenta con 10 días hábiles para responder.
El viernes la #OficinaAnticorrupción notificó electrónicamente al funcionario Díaz Gilligan del pedido de aclaraciones. Según la ley de procedimientos administrativos, tiene 10 días hábiles para responder.
— Laura Alonso 🇦🇷 (@lauritalonso) February 19, 2018
Además, la OA solicitó autorización para acceder a los anexos reservados de su declaración jurada y requerirá información a organismos públicos y privados a fin de reunir toda la información oficial sobre el tema.
Como resultado del análisis de la documentación solicitada, la OA puede requerir al funcionario la rectificación de sus declaraciones juradas y, en caso que corresponda, realizar la denuncia judicial. En aquellos casos en que ya existe causa judicial, el órgano administrativo aporta toda la documentación y sus conclusiones a la Justicia. Una vez finalizada la investigación, se notificará la resolución al funcionario y se publicarán los resultados.
«La gente lo entiende»
Por su parte, el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, aseguró hoy que «no hay fondos públicos involucrados» en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra, al salir a defenderse de que el hecho, publicado la semana pasada el diario español El País, no configura un caso de corrupción.
«No hay fondos públicos involucrados y la gente lo entiende», afirmó en una entrevista publicada hoy en el diario La Nación.
Díaz Gilligan: "No hay fondos públicos involucrados y la gente lo entiende" https://t.co/Clt18JMnF4 pic.twitter.com/xE20clUyUa
— LA NACION (@LANACION) February 19, 2018
El funcionario nacional está acusado de ocultar su participación en una empresa radicada en Gran Bretaña dedicada a transferencias de jugadores de fútbol que contó con 1,2 millones de dólares a su nombre en una cuenta en un banco de Andorra.
Denuncia
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade presentó una denuncia contra el subresecretario General de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por «lavado de activos y omisión maliciosa», que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.
La presentación es «en orden a la posible comisión de los delitos de lavados de activos y omisión maliciosa». Los argumentos del legislador del Frente para la Victoria están basados en la investigación del diario «El País» de España, que sostenía que el funcionario del Gobierno poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta de un banco de Andorra.
Según la ley, el delito tiene que ser reprimido con prisión de 3 a diez años de prisión. Además, una multa que puede alcanzar de dos a diez veces más el monto de la operación. En este caso, al tratarse de 1,2 millones la multa puede alcanzar los 10 millones de dólares.
A su vez, en la denuncia el diputado del Frente Para la Victoria explicó que el funcionario «habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante la antes los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad».