La eventual suspensión de tratamientos de diálisis a partir del sábado, que podría afectar a 1.500 personas de sectores vulnerables de la sociedad, por la falta de pagos a los prestadores en que habría incurrido el programa federal Incluir Salud (ex Profe), motivó la intervención del Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores.
La situación fue expuesta por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), a partir de una deuda que superaría los 250 millones de pesos y que dataría de hace más de un año.
Muy a su pesar, los centros de diálisis no están en condiciones de recibir nuevos pacientes de Incluir Salud @msalnacion @gabimichetti @RubinsteinOk
— CADRA (@RedCadra_arg) August 30, 2018
En ese contexto, Honores instruyó a la secretaria de Salud de la Defensoría, Marcia Lázaro, para que requiera toda la información necesaria a las autoridades bonaerenses de Incluir Salud, con la premisa de «garantizar el acceso a la salud» de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, con cobertura de este programa financiado por Nación, que necesitan diálisis.
A partir del sábado, los 200 centros de diálisis privados diseminados en todo el país, no brindarán más atención a pacientes pertenecientes al Profe denominado Incluir Salud, a raíz de la deuda que mantiene el Estado nacional.
El Estado debe a los nefrologos más de 250 millones de pesos Hay 200 centros de diálisis privados en todo el país, muchos en situación financiera crítica @msalnacion @gabimichetti
— CADRA (@RedCadra_arg) August 30, 2018
El presidente de la Cadra, Darío Zapata, aseguró que el desfinanciamiento que hoy sufren los centros de diálisis del país, se debe, entre otros motivos a la «insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones».
«Incluir Salud-anteriormente llamado Profe- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos», se informó en un comunicado.