Con la mira puesta en la campaña presidencial 2019, el gobierno nacional inició hoy el proceso licitatorio para obras viales en 3.353 kilómetros, bajo la modalidad de Participación Público Privada, al cual se presentaron 10 consorcios con 32 ofertas, para un total de 60 obras que demandarán una inversión de US$ 6.000 en 6 corredores que estarán en concesión por 15 años.

El acto de apertura del sobre 1 de ofertas se realizó desde las 11:00 en el Salón de Honor del CCK, en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Finanzas, Luis Caputo, y el administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

En la primera etapa, se beneficiarán las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe.

Los trabajos comprenden la construcción de 1.494 kilómetros de rutas seguras, 252 km de especiales, y 813 km de autopistas.

Los 10 consorcios están conformados por 13 empresas nacionales y 7 internacionales.

Esta licitación tiene por objeto el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras que el Ministerio de Transporte llevará adelante bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP).

 

La licitación fue lanzada en enero y prevé modernizar 2.500 kilómetros de rutas nacionales y crear una nueva red de autopistas y rutas seguras de más de 7.000 kilómetros, lo que demandará una inversión estimada de u$s6.000 millones en los primeros cuatro años.

La cartera de Transporte precisó que en esta instancia se presentarán las ofertas y se abrirán los sobres 1 de certificación de calidad del oferentes, que contiene la documentación que certifica la calidad de la empresa o UTE interesada en participar.

La oferta oficial cuenta con 60 proyectos por cerca de u$s25.000 millones a ejecutarse en los próximos cinco años, de los cuales u$s5.200 millones corresponden al corriente año.

Antecedentes inquietantes

Un punto central para que este proceso sea exitoso es el de los costos. La experiencia internacional refleja que un cálculo erróneo puede encarecer las obras de manera notable.

Sucedió en Inglaterra, donde fue creado el esquema PPP y puesto en práctica por primera vez. Y, más recientemente, en España, donde el Estadotuvo que acarrear con un gasto fiscal de u$s4.000 millones porque no cerraron las cuentas de la construcción de rutas y posterior cobro de peajes para el recupero.

En Inglaterra se concretaron inversiones vía PPP por el equivalente a u$s70.600 millones en las últimas dos décadas. ¿Qué sucedió? La oficina Nacional de Auditoría británica detectó que hubo notables sobrecostos en las obras.

«Tuvieron un costo financiero más de dos veces superior al de un proyecto desarrollado por la obra pública tradicional«, sentenció la Auditoría inglesa.

El aumento de los precios no debiera sorprender.

Un trabajo del especialista Alejandro Einstoss, del CECE (Centro de Estudios para el Cambio Estructural), detectó la experiencia en América Latina en PPP y registró saltos.

«El problema de los sobrecostos en la construcción es uno de los desafíosmás importantes a resolver en contratos de PPP», advierte el documento de Einstoss.

Según el Banco Mundial, las inversiones en infraestructura mediante este esquema en la región aumentaron de u$s8.000 millones (2005) a u$s39.000 millones (2015). El dato negativo: 70% de las obras debieron renegociarse por la mala, defectuosa e incompleta confección de los contratos, la evaluación deficiente de los riesgos asociados en cada obra y el costo financiero de los proyectos.