Finalmente se entregó a la Justicia en la tarde de este martes el empresario Néstor Otero, en el marco de la causa que investiga los cuadernos de la corrupción K.

El juez federal Claudio Bonadio había ordenado esta mañana la detención de Otero, «el zar de Retiro», quien aparece mencionado en las anotaciones que tomó durante diez años Oscar Centeno, exchofer del exfuncionario Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación .

Otero es dueño de la empresa TEBA, a cargo de la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro desde 1993, y apareció mencionado en los cuadernos de Centeno. Según las notas, el «zar de Retiro» habría pagado coimas en dólares a laderos del entonces poderoso ministro Julio De Vido , dólares que terminaban en la Jefatura de Gabinete, la Residencia Presidencial de Olivos o en el departamento de Néstor y Cristina Kirchner en las calles Juncal y Uruguay.

El empresario, un hombre con mucha relación con el poder, tiene experiencia en la Justicia. Fue condenado junto al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime por el delito de «aceptación de dádivas». En un expediente que había tramitado el juez federal Julián Ercolini quedó comprobado que el empresario pagaba el alquiler de un departamento que ocupaba el entonces funcionario kirchnerista en la Avenida Del Libertador.

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Además, tanto Otero como Jaime fueron procesados por presuntas irregularidades en la renegociación del contrato de concesión de la terminal de ómnibus. El «zar de Retiro» está a cargo de la principal puerta de ingreso a la capital de la Argentina a fuerza de prórrogas. La concesión se entregó en 1993 por un plazo de doce años. En 2006, cuando Jaime era secretario de Transporte, se le extendió el plazo por diez años más, es decir, hasta septiembre de 2015.

En la causa de los cuadernos de la corrupción se determinó que los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron al menos 35 millones dólares «en un sinnúmero de oportunidades entre 2008 y 2015». Es por ello, que para la Justicia esto permite «acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita».