El Tribunal Oral Federal 2 emitió una orden para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y resto de los acusados por irregularidades en la obra pública, informen a la Justicia cada vez que se ausenten de su domicilio más de tres días.
Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Gimenez Uriburu resolvieron «imponer a los imputados el deber de informar a esa sede cualquier ausentismo de su domicilio por un lapso mayor a las 72 horas», según la resolución. Fue ante un pedido del fiscal Diego Luciani.
El fiscal señaló que se había detectado que tres acusados se ausentaron de su domicilio -dos de ellos viajaron al exterior- sin que hubiera un control judicial sobre eso. Si bien no tenían ninguna restricción de movimiento, Luciani entendió que la cercanía con el inicio al juicio oral -previsto para el 21 de mayo- obliga a tomar otras medidas.
Luciani señaló que «la gravedad de los hechos imputados -cuya eventual sentencia condenatoria no habrá de ser de ejecución condicional-, las características de ejecución de las maniobras, la proximidad de la audiencia de debate y los compromisos internacionales que ha asumido el Estado argentino de investigar y sancionar hechos de corrupción, tornan necesario en esta avanzada etapa del proceso adoptar mayores recaudos para asegurar que los imputados se encuentran a derecho y que posean un domicilio cierto en el que puedan ser notificados o habidos inmediatamente en caso de ser requeridos por el tribunal».
Y los magistrados compartieron el criterio al señalar que «la razonabilidad de los motivos en los que fundó su petición (la gravedad de los hechos imputados, las características de ejecución de las maniobras, la proximidad de la audiencia de debate y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino), la escasa afectación que posee sobre los derechos de los enjuiciados la imposición de la medida bajo estudio». Y agregaron que una medida así está prevista en el Código Procesal Penal.
El fiscal había pedido que la intimación a los acusados sea » bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía y disponerse su detención» si no cumplen con la disposición. Pero en su resolución el tribunal no aclaró ese punto. La medida alcanza a Cristina Kirchner y al resto de los acusados, en su mayoría ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz.
Están exceptuados los que están detenidos, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y Carlos Kirchner, ex funcionario de esa cartera y primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. También el ex secretario de Obras Públicas José López que está con custodia oficial dentro del programa de testigos tras declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción.
El pedido del fiscal se generó por la situación de tres acusados, todos ex titulares de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Raúl Pavesi informó que durante todo enero iba a estar en la ciudad de Mar del Plata, lo que luego extendió hasta el 14 de febrero. Y José Santibañez y Juan Carlos Villafañe hicieron durante 2018 y enero pasado viajes al exterior -Chile y Brasil- sin que fueron informados al tribunal.
En el juicio oral por la obra pública se juzgarán las presuntas irregularidades en la asignación de 52 obras públicas para Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez por 46 mil millones de pesos. Según la acusación hubo sobreprecios, licitaciones amañadas y obras sin finalizar. Los delitos involucrados son asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.