La pericia scopométrica confirmó que la zapatilla de lona negra ensangrentada encontrada en la casa que alquilaban los diez rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa corresponde a Máximo Thomsen, luego de sis meses de investigación sobre el crimen de Villa Gesell ocurrido el 18 de enero pasado frente a la disco Le Brique.

El estudio realizado por el Laboratorio Scopométrico de la Policía Federal en Mar del Plata no solo determinó que la marca de la zapatilla estaba sobre el cuerpo de Fernando. La impronta de la zapatilla coincide también con el pie de uno de los principales acusados del crimen, según detectó el complejo análisis que comparó tanto la suela del calzado como la marca del pie en la plantilla.

No fue la única marca que la autopsia encontró en el cuerpo de Fernando, por otra parte. Hubo otra impresión de calzado que fue detectada, pero los investigadores descubrieron que era muy pequeña en tamaño, sin suficiente información para ser atribuida en los análisis a una zapatilla o un pie en particular.

Sin embargo, no hubo problemas en detectar el rastro que Thomsen dejó en el cuerpo: la marca era lo suficientemente grande como para asegurar un resultado.

«Se estableció que la impronta de la autopsia se corresponde con la impronta de Thomsen y con unas zapatillas marca Cyclone secuestradas que también coinciden con la impronta de Thomsen», dijeron a Clarín fuentes de la causa.

Los pies de los acusados fueron identificados uno por uno con una técnica especial que incluye comparaciones fotográficas, lecturas de ondas de luz mediante un videoespectrómetro y el uso de tinta litográfica, la misma que se usa para la toma de huellas dactilares, lo que comúnmente se conoce como “tocar el pianito”, pero con los pies.

Así, Thomsen, preso en la Alcaldía N°3 de La Plata junto a siete de sus cómplices y con su prisión preventiva confirmada por la Justicia, cobra preponderancia entre los acusados con una pieza de evidencia altamente incriminadora.

La acusación, sin embargo, no distingue: todos los acusados, bajo la imputación de homicidio agravado por alevosía, enfrentan la posibilidad de ser condenados a prisión perpetua.

La causa, a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, no está cerrada. El Código establece un plazo máximo de diez meses para la elevación a juicio. Todavía tiene en sus planes producir nuevas pruebas con testimonios que espera recolectar en las próximas semanas, luego de que la Cámara de Casación de la jurisdicción rechazara un hábeas corpus planteado por la defensa de los acusados.